El Gobierno nacional confirmó la reducción hasta el 31 de diciembre del 100% de las contribuciones patronales que deben pagar con los salarios de sus empleados aquellas empresas de sectores “críticos” que sean beneficiarias del Repro II. Así lo estableció a través del Decreto 323/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Mediante este documento, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Economía, Martín Guzmán, se avanzó con una iniciativa que ya había sido anunciada tras las últimas restricciones impuestas en el país que, entre otros puntos, limitaron la capacidad de algunas actividades.
Puntualmente, esta nueva ayuda del Estado, que será destinada a rubros como el gastronómico, el hotelero y el turístico, consiste en la exención “hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive”, del pago de las cargas patronales que los empleadores tienen que destinar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Esta asistencia es para las empresas que accedan al programa Repro II, a través del cual reciben un subsidio de hasta $18.000 por trabajador para abonar los sueldos, y que encuadren en los sectores considerados “críticos”.
El segundo artículo de la norma detalló que la reducción de las contribuciones “se aplicará en el período mensual inmediato posterior al período de devengamiento de los salarios cuya asistencia para el pago solicita la empleadora o el empleador”.
Además, se aclaró que este beneficio alcanza a quienes solicitaron ayuda para pagar los sueldos correspondientes a abril, y que se “podrá gozar” de la exención “cada vez en la que les sea otorgado el beneficio del Programa REPRO II”.
La medida había sido anunciada días atrás por el ministro Moroni, tras concluir una reunión de la que participó en el salón Científicos Argentinos de la Casa Rosada, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También estuvieron en aquella oportunidad el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.
En los últimos dos meses, en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus y las nuevas restricciones a la actividad, se duplicó la cantidad de empresas que piden ayuda del Estado para cubrir los sueldos. En febrero habían sido unas 12.000 inscriptas, a las que se les terminó por adjudicar Repro a unas 10.000.
En este contexto, el Gobierno también aumentó a $18.000 la asistencia para sectores críticos para los salarios devengados en abril, y definió que no pagará la asistencia a aquellos empleadores alcanzados por el aporte solidario y extraordinario que no cumplan con su obligación.
Además, fijó para el resto de los meses en $9.000, $12.000 y $18.000 los valores de las asistencias del Repro II, según se trate de sectores considerados no críticos y críticos, y salud. Mientras, resolvió abonar solo por el mes pasado $18.000 a monotributistas y autónomos del rubro gastronómico.
“En la medida que la actividad requiera asistencias para poder mantener las unidades productivas en marcha, las van a tener”, aseguró el ministro Moroni al salir de la mencionada reunión.
Entre los considerandos del Decreto publicado este lunes, las autoridades nacionales señalaron que “las diversas medidas adoptadas” en el ultimo tiempo para combatir el coronavirus “tienen impacto en diversas actividades económicas, sobre todo aquellas consideradas críticas desde el inicio de la pandemia”.
Por esta razón, remarcaron que era “necesario profundizar” la asistencia para “aquellas unidades productivas que acrediten una situación económica y financiera vulnerable”, a través de “una reducción de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, en el marco del “Programa REPRO II”.
Finalmente, se aclaró que “el tratamiento diferencial establecido por el presente decreto será compensado con aportes del Tesoro Nacional, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera” del SIPA y así “no afectar las prestaciones de sus actuales ni futuros beneficiarios”.
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