El Gobierno gasta más en subsidiar tarifas que en ayuda para los sectores afectados por el COVID-19

Uno de los mayores problemas que enfrenta el Gobierno por estas horas es cómo enfrentar la segunda ola de contagios sin impactar demasiado en la economía. El argumento es que la gente y las empresas vienen muy golpeadas de la cuarentena del año pasado y además que no hay recursos para apoyar masivamente a sectores críticos. Sin embargo, el gasto público demuestra que en realidad sí hay recursos, por ejemplo para subsidiar a los hogares por el congelamiento de tarifas.

De acuerdo a las cifras del sector público nacional, en marzo se tocó un nuevo pico de gasto para mantener el congelamiento tarifario. Los subsidios económicos que van en mayor parte para luz, gas y transporte representaron el mes pasado una erogación de nada menos que $ 66.400 millones.

Esta cifra representó un aumento de 56% respecto al gasto destinado a subsidios del año pasado, es decir un fuerte aumento en términos reales, teniendo en cuenta que la inflación acumulada en el mismo período llegó a 42%.

Martín Guzmán había arrancado el año con la idea de ajustar gradualmente el nivel de tarifas, con el objetivo de que los subsidios no crezcan en relación al PBI. Pero las urgencias políticas lo obligaron a cambiar de opinión. La presión del kirchnerismo duro provocó que hasta ahora se mantenga el congelamiento y se habla de subas que no superarían el 7% tanto para luz como para gas a lo largo del 2021, arrancando en mayo. Las empresas, en cambio pidieron incrementos de entre 25% y 30%, al menos para mantener la calidad del servicio. Pero no se llegaría ni por asomo a ese ajuste.

La consecuencia de mantener las tarifas prácticamente congeladas o subiendo a un ritmo ínfimo en relación con la inflación es que el Gobierno tendrá que poner una fortuna para “bancar” el funcionamiento de los servicios. Lentamente se vuelve a la situación que dejó Cristina Kirchner en 2015, cuando en el caso de la luz más de un 80% del precio de la tarifa se encontraba subsidiada.

Este panorama evidencia que el Gobierno resolvió privilegiar este año el congelamiento de tarifas, aún a costa de un fuerte aumento del gasto en subsidios. Sin embargo, el Presupuesto 2021 no prevé un solo centavo destinado a ayudar a sectores afectados por los cierres de la actividad económica para reducir contagios. Y los últimos anuncios de un bono de $ 15.000 para beneficiarios de la AUH y de monotributistas clase “A” y “B” representa unos $ 40.000 millones, más la extensión del Repro II para pagar hasta $ 18.000 en salarios de los sectores más afectados por las restricciones, como la gastronomía y el turismo. Sin embargo, no se sabe aún cuánto podría representar esta ayuda.

Las cifras muestran que el Gobierno privilegió seguir con los subsidios para que las tarifas sigan congeladas, incluso por sobre la ayuda a los sectores más complicados por el Covid-19.

Se trata de una decisión compleja y que además tiene un carácter regresivo. Sucede que los congelamientos tarifarios benefician tanto a las familias de mayores recursos como aquellas que están en condiciones de hacer frente a los incrementos. En cambio, los beneficios a quienes sufren los efectos del distanciamiento social o restricciones de horarios pueden ser dirigidos de manera mucho más específica.

La proyección de los próximos meses es que los subsidios seguirán aumentando en forma acelerada. Durante el invierno el consumo de luz y de gas crece de manera significativa, junto a la inflación que también aumenta los costos de las empresas. Este “combo” provocará que los subsidios económicos sigan creciendo fuertemente y representen un porcentaje cada vez mayor del PBI.

La dificultad para controlar el déficit fiscal es uno de los temas además que más preocupa a los inversores. Sucede que ese rojo de las cuentas públicas provoca la necesidad de mayor emisión monetaria, que luego termina impactando en el precio del dólar como sucedió en las últimas jornadas y finalmente en los niveles de inflación.

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