Fuerte cruce entre el Gobierno y las empresas: reunión tensa y nuevas sanciones por eludir el control de precios

El Gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, volvió a acusar a empresas de consumo masivo por comercializar productos similares —con alguna leve diferenciación— pero con un precio mayor, una maniobra que les permitiría vender el mismo artículo pero por fuera de los programas oficiales de control, como Precios Máximos o Precios Cuidados.

Este miércoles se informó que la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores imputó a las empresas Nestlé, Agropecuaria Paso Viejo y Mondelēz por “presuntas infracciones” en los etiquetados de los productos que podrían inducir a la confusión, según detallaron en un comunicado.

Con todo, aunque las empresas son imputadas por el organismo aún no fueron sancionadas y tienen la posibilidad de hacer su descargo. En el caso de que efectivamente se acrediten que hubo alguna falta, las multas para cada una de las empresas puede ascender a un máximo de $550 millones.

De acuerdo a la denuncia de la Secretaría de Comercio, las empresas realizaran una mínima modificación de alguna propiedad del producto o de su contenido neto para luego incrementar sustancialmente los precios. “Este tipo de comportamiento podría representar un incumplimiento de los principios básicos de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). Estas prácticas pueden confundir sobre la naturaleza del producto y sus principales características, motivando al error, y promoviendo la adquisición de un bien no deseado”, explicaron.

En el caso de Nestlé, desde la Secretaría se observó que la empresa ofrece dos productos de Nescafé Dolca Torrado que tienen igual tamaño, contenido y variedad, además de idéntica información nutricional, sugerencias de preparación, ingredientes, contenido neto, e incluso recomendaciones para la reutilización del frasco de vidrio. La diferencia más relevante entre ambos productos, es que uno de los envases contiene la leyenda “Estamos re-creando nuestro envase, dale nueva vida al frasco”. La diferencia de precio entre estos dos envases es del 40%.

Por su parte, la empresa Mondelēz ofrece sus galletitas Oreo en dos presentaciones idénticas en cuanto a su envoltorio, color, diseño y frases, pero con un gramo de diferencia (117 gramos y 118 gramos) entre ambas. No obstante, la variación de precio es de más del 50%.

Por último, la empresa Agropecuaria Paso Viejo fue imputada por la comercialización del producto Viejo Olivar que se presenta como “aceite de oliva extra virgen”, cuando en realidad en la letra chica de los ingredientes indica que contiene aceite de girasol y de oliva.

La tención entre el gobierno y las empresas se reflejó en un cruce entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el titular de la Coordinadora de las Industrias Productoras del Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, luego que el dirigente empresario dijera que la Ley de Abastecimiento es anticonstitucional, en el marco de una reunión virtual que el funcionario mantuvo ayer con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Según informó Telam, Kulfas también le señaló a Funes de Rioja los “productos mellizos” que sacaron empresas alimenticias para esquivar el programa Precios Máximos, lo que llevó a la Secretaría de Comercio Interior a imputar a determinadas compañías por esos mecanismos.

“Vos mismo lo reconociste en el pasado, vos dijiste que en determinadas oportunidades es bueno aplicarla”, le dijo Kulfas al dirigente empresario en relación a la ley de Abastecimiento. ”Ustedes lo único que saben hacer es aumentar precios y violar los acuerdos. Tienen productos en Precios Máximos y se ponen a fabricar productos similares con precios más caros. ¿Por qué no le vamos a aplicar la ley?”, afirmó el ministro, según la agencia oficial de noticias.

Hace una semana, desde la secretaría también habían anunciado la imputación de las compañías de consumo masivo Bagley (del Grupo Arcor), PepsiCo y Mondelez por el mismo motivo: comercializar productos similares de una misma marca, pero con precios diferentes.

Estas investigaciones agregan más tensión a la ya complicada relación entre las compañías de consumo (especialmente del sector de alimentos y supermercados) y el Gobierno, que viene incrementando los mecanismos de control frente a los aumentos de los precios.

En las últimas semanas, el Gobierno creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), un mecanismo de control de los datos que aparecen en los envases de los productos. También impulsó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que exige la información de 1.000 grandes compañías sobre precios, niveles de producción y stocks. Luego, el Gobierno, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada. Y este miércoles se conoció la decisión de que los controles de precios en los supermercados sean realizados por los inspectores de la AFIP.

Por su parte, las empresas ya vienen advirtiendo sobre un mayor “nivel de intervencionismo” del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral. Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) impusieron un reclamo administrativo contras las nuevas normativas de la Secretaría de Comercio Interior.

Mientras que desde la cámara que agrupa a las compañías estadounidenses en el país (Amcham) pidieron a la Secretaría de Comercio Interior la derogación de la Resolución 100/2020, que estableció el programa de Precios Máximos, y que se permita a las empresas alcanzadas realizar aumentos escalonados durante los próximos meses.

“Entendemos que los recursos de la administración deberían estar concentrados en analizar los factores generadores de este fenómeno de aumento de precios en lugar de regular mediante sanciones y controles inaplicables, y proponer nuevas regulaciones. Es necesario entablar un canal de decisiones consensuadas con el sector privado, que evite dar el último salto al vacío”, aseguraron.

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