
IDEA, el instituto que organiza el tradicional coloquio empresarial, cuestionó el reclamo de los sindicatos por exigir “indemnizaciones cuando se vende una empresa” y generar conflictos que afectan la inversión y la confianza necesaria para la recuperación.
“Cuidar el empleo es responsabilidad de gobiernos, sindicatos y empresarios, mucho más en este momento de alta criticidad del país y del mundo. Poder frenar pedidos ilegítimos de un sindicato, como indemnizaciones cuando se vende una empresa y no afecta los empleos, también”, expresó en un comunicado, en elíptica referencia al reclamo del sindicato de Camioneros.
“Construir un país entre todos los sectores implica dialogar. Este tipo de conflictos afecta la inversión directa ya que genera incertidumbre que impacta en la confianza de muchos otros sectores de la economía”, agregó.
“Argentina necesita de todos para salir adelante. Ha transcurrido sin dudas un año muy complicado en varios aspectos del convivir ciudadano en temas sanitarios, económicos y de encierro. No solo sufrió la sociedad, sino que también creció y aprendió mucho. El diálogo y la institucionalidad son las bases para salir de la crisis y para una Argentina en crecimiento”, finalizó el comunicado.
Cabe recordar que el Sindicato de Camioneros exigió a los nuevos dueños de Garbarino un bono de $100.000 por la venta de la empresa. Formuló esta exigencia luego de que la compañía se negó a echar, indemnizar y volver a contratar a sus 180 afiliados, como pretendían los Moyano. Este lunes hubo asambleas en el centro de distribución de La Tablada.

La exigencia de un bono fue formalizada ante la empresa por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, luego de que los nuevos dueños de Garbarino se opusieron a lo que se conoce como “la ley Moyano” y que originó el actual conflicto en Walmart: como la firma cambió de propietarios, el sindicato exigió que echen a los empleados, los indemnicen y los vuelvan a contratar.
El reclamo de echar, indemnizar y volver a contratar a los empleados es insostenible jurídicamente, pero el Sindicato de Camioneros logró aplicarlo en varias empresas desde 1998. La polémica exigencia tiene puntos de contacto con el “robo” de afiliados de otros gremios.
Más críticas del ámbito político
Otro que se sumó a las críticas hacia el sindicato que encabezan los Moyano fue el diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, quien sostuvo que “sus extorsivas y conflictivas formas de conducir son un obstáculo para generar puestos de trabajo en Argentina”.
“Cualquier empresa de logística o transporte de carga que quiera instalarse en Argentina, o incluso aquellas que ya están radicadas, dudan de desembarcar acá o mantenerse justamente porque saben que, de alguna forma, deberán enfrentarse a las prácticas mafiosas de Moyano, que claramente aumenta los costos de producción y de contratación, lo que atenta contra sus propios representados”, aseguró.
Asimismo, el diputado santafesino lamentó que “tanto el Gobierno Nacional como el Provincial cedan constantemente ante este tipo de conducción sindical, que lejos está de defender a los trabajadores, como dicen hacerlo en sus discursos, mientras se hacen millonarios y se vacunan en primera fila, quitándoles el lugar al personal esencial, a la población de riesgo y a los jubilados en medio de una pandemia”.
Preocupación de los supermercados
En este sentido, ayer la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) manifestó su preocupación ante el conflicto en Walmart.
“Ante los hechos de público conocimiento -y en línea con otras entidades empresarias del país- la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) desea hacer pública su preocupación por la situación planteada con el Sindicato de Choferes de Camión. Demandas como la referida generan distorsiones y privilegios de unos trabajadores por sobre el resto y desalientan a los empresarios dispuestos a realizar inversiones que fomentan el crecimiento y desarrollo de nuestro país”, indicó.
“Como Cámara, estamos convencidos de que el cumplimiento de la ley constituye una condición central de cara al desarrollo de un clima de negocios que facilite y aliente el crecimiento y la inversión. La razonabilidad de las demandas y expectativas de cada uno de los actores es imprescindible para perseguir un beneficio colectivo y un desarrollo económico sostenido”, afirmó.
“En este sentido, vemos con preocupación el desarrollo de prácticas de reclamo que ponen en riesgo el abastecimiento y la libre circulación de productos esenciales a distintos puntos del país. En particular, cuando esas prácticas se escudan en ventajas de una actividad sindical que se coloca por encima del resto de los trabajadores”.
“Confiamos en que se pueda arribar a una solución legal, en un marco de diálogo por parte de ambas instituciones”, concluyó.
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