Las alimenticias, en pie de guerra: definen una estrategia legal para buscar frenar el sistema de información impuesto por el Gobierno

Los ánimos en el sector de alimentos y bebidas están más que caldeados. Son muchos los frentes que las empresas tienen abiertos hoy con el Gobierno y ninguno logra terminar de resolverse: los precios prácticamente congelados desde hace un año, el programa Precios Cuidados que se renueva trimestralmente con aumentos que ni siquiera cubren los costos; la mesa de precios y salarios que apenas tuvo dos encuentros y no hubo mayores avances; la Ley de Góndolas, y ahora el nuevo Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) que lanzó la secretaría de Comercio la semana pasada, con el objetivo de recabar información sobre precios, cantidades producidas y vendidas, y stock disponible de grandes empresas. Aunque en este caso también se extiende a otras industrias.

La noticia, la semana pasada, cayó como un baldazo de agua fría en todo el mundo industrial, básicamente porque horas antes del anuncio el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había estado charlando vía zoom con el comité ejecutivo de la UIA sin hacer ninguna mención a este nuevo régimen informativo. A partir de la publicación del SIPRE en el Boletín Oficial, y posteriormente de los detalles sobre las actividades incluidas en la primera etapa, el equipo legal de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) comenzó a analizar la norma para ver si era factible cuestionarla y el dictamen jurídico así lo determinó, confirmaron a Infobae varias fuentes de la entidad. De todos modos, el camino elegido por todos los miembros del sector fue el de ir primero por la vía administrativa, una instancia previa a la judicialización.

Se trata de un acto administrativo que tiene como objetivo lograr la modificación, revocación o invalidación de una resolución, cuando esta norma causa un agravio al administrado. En este caso, las empresas alimenticias aseguran que el Estado ya cuenta con toda la información que requiere a través del SIPRE y que obligarlos a recopilarla les genera un enorme perjuicio burocrático, además de mayores costos. Pero el escrito del estudio de abogados tiene suficientes argumentos legales que permiten cuestionar la medida y que refieren a las facultades de la Secretaría de Comercio para dictar una norma de esa naturaleza.

“Es una decisión más política que otra cosa porque sabemos que no tendrá ningún resultado”, reconoció el directivo de una firma del sector, respecto de la decisión de avanzar con el recurso administrativo. De todos modos, siempre está la opción de ir a la Justicia si el Estado confirma la medida. En el medio, puede avanzar una negociación con el Gobierno y podría haber cambios a la resolución, se esperanzan en la industria.

La decisión de presentar el recurso se terminó de definir este martes por la tarde, tras un encuentro de la mesa chica de Copal convocada de forma extraordinaria por el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, justamente para discutir este tema. En esta reunión, el abogado laboralista les contó a los presentes que le había avisado al ministro Kulfas de esta inminente presentación y que el jueves tenía previsto un encuentro para discutir sobre precios e insumos.

Por lo pronto, las empresas de este sector y de las otras 23 actividades incluidas en esta primera etapa tienen tiempo hasta el 10 de abril para presentar la información requerida de acuerdo al SIPRE. ¿Qué harán las firmas de la alimentación luego de cuestionar la norma? “Tiempo al tiempo”, enfatizó un empresario, al agregar que primero se verá cómo responde el Gobierno y luego cada firma definirá qué hacer ese último día de plazo.

Frente a los cuestionamientos empresarios que hubo frente a la norma, Kulfas planteó en declaraciones radiales que “no hay ningún avance sobre las empresas”, ya que sólo se pide información básica. “No preguntamos por rentabilidad, sólo información para que no falte nada. Es un sistema de monitoreo de precios y abastecimiento que se extiende a las industrias y empresas grandes. Es una herramienta más para monitorear faltantes y precios y evitar avivadas”, afirmó el funcionario. Sin embargo, el sector privado lo considera como una nueva medida intervencionista por el uso que se le puede dar a esa información, además de que genera mayores costos en las empresas.

Las actividades en las que grandes empresas quedan obligadas a presentar información de precios, producción y stocks son las de preparación de frutas, hortalizas y legumbres; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal; de productos lácteos; de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, de productos alimenticios; y de alimentos preparados para animales, la elaboración de bebidas; la fabricación de papel y de productos de papel; de productos minerales no metálicos; de vidrio y productos de vidrio; de equipos y productos informáticos; de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión.

Además, tendrán que informar las industrias básicas de hierro y acero; la de fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos; de aparatos de uso doméstico; y de muebles y colchones. También los sectores de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, y de artículos de uso doméstico y personal. La obligación de informar al SIPRE abarca también a la fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario; de preparados para limpieza, pulido y saneamiento; de jabones y detergentes; y de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador. En todos los casos, la obligación abarca a las grandes empresas, que en esta primera etapa suman unas 500, según anticipó el Gobierno.

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