
Hoy por la tarde el oficialismo obtendrá el dictamen que le permitirá llevar al recinto el proyecto de ley que modifica el piso de Ganancias para las personas humanas. Al mismo tiempo y en paralelo, el Ministerio de Economía presentó en los últimos días un proyecto de modificación de la carga de ese tributo para las empresas, en donde establece una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Este cambio que introdujo el Ministerio de Economía tiene como finalidad financiar el costo fiscal de la suba del piso de Ganancias para las personas, ya que entienden que esa modificación tendrá un costo de 41.000 millones de pesos y que los cambios en lo que deberán pagar las empresas significarán ingresos por 40.000 millones de pesos durante el 2021.
Esta presión es la que señala la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en la segunda nota que envió a distintos funcionarios y autoridades nacionales con consideraciones referidas a la posible modificación de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sujetos de capital, proyecto de ley que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

“La iniciativa propone reemplazar la alícuota fija (o “flat”) actualmente del 30% que grava a los sujetos de los incisos a) y b) del art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, esto es, a la casi totalidad de las sociedades empresarias, PyMEs y grandes”, remarca la nota, que advierte que las nuevas escalas hacen que se aplique la alícuota máxima del 35% para el excedente de beneficios sobre 2,6 millones de pesos anuales, a lo que cabe sumar la alícuota de 7% en el caso de distribución de utilidades.
Según la entidad, esto significa que la gran mayoría de las firmas tendrá “un incremento de la presión tributaria en un contexto macroeconómico crítico, incluidas la mayoría de las pymes, dado lo absurdos –por lo reducidos– que resultan los tramos de las escalas”.
Desde la CAC entienden que de aprobarse el proyecto se “desalentará” la inversión, el país “perderá competitividad” frente a otras economías receptoras de inversiones, “se incrementará la informalidad y se agravará la delicada situación de numerosas empresas, ya afectadas por el reciente incremento de la tributación en las jurisdicciones provinciales y municipales”.
“Si el objetivo fuera beneficiar al sector PyME (propósito con el que nuestra Entidad está plenamente de acuerdo) resultaría más efectivo disponer alícuotas reducidas para las micro, pequeñas y medianas empresas tal como se encuentran declaradas en el Registro de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresas y los Emprendedores”, propone la misiva que le enviaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas; y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
“De este modo las alícuotas del Impuesto a las Ganancias estarían directamente relacionadas con el tamaño de las firmas y no con el aleatorio resultado de un ejercicio comercial”, concluye la nota.
El proyecto de ley del Gobierno establece un primer escalón con una alícuota del 25% para ganancias netas acumuladas hasta $1.300.000; el segundo escalón del 30% para ganancias netas acumuladas de más de $1.300.000 y hasta $2.600.000, y un último segmento del 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $2.600.000. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7%, a través del impuesto cedular vigente.
Desde las entidades empresarias entienden que en realidad el Gobierno, que asegura que buena parte de las 300.000 empresas que lo pagan estarán en la primera de las escalas, vuelve a subir la alícuota de Ganancias del 30% al 35% y mantiene otro 7% por distribución de dividendos. Por lo tanto, la tasa efectiva del gravamen pasa a ser de casi el 40%, una de las más altas del mundo.
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