Con el oxígeno de la soja, Alberto Fernández confirmó en el Congreso la demora en la suba de tarifas y el acuerdo con el FMI

La mejora de las cuentas fiscales, gracias a la suba de los granos y un menor gasto, anima al Gobierno a dilatar medidas con alto costo político en un año electoral. Inquietud por la letra chica de la ley de emergencia de servicios públicos pero indiferencia por la “desdolarización”

(Comunicación Senado)
(Comunicación Senado)

Al calor de los ingresos extraordinarios que genera la soja por encima de los USD 500 la tonelada y una baja del gasto público ya libre por el momento de muchas de las fiscalmente costosas medidas que impuso la pandemia, las urgencias en materia económica del Gobierno quedaron mitigadas. Al menos esa es una lectura posible del discurso de apertura de las sesiones legislativas del Presidente, cuyos tramos económicos aportaron pocas novedades pero sí algunas confirmaciones. Y despertaron, en algunos sectores, algo de inquietud.

Tanto en materia de tarifas, en la que ahora se revisa la consigna de Martín Guzmán respecto de no incrementar el costo económico de los subsidios para los que el Gobierno se encuentra ahora con inesperados recursos, como en el futuro acuerdo con el Fondo Monetario, la necesidad de resolver esas cuestiones en los tiempos previstos hasta hace pocos meses quedó postergada. Lo expresó claramente el mandatario al referirse a los servicios públicos. Definir un nuevo cuadro tarifario “llevará tiempo”. Meses, dijo. El año próximo, entendieron los operadores del sector.

En este rubro, el mensaje tanto para usuarios como para las empresas fue claro: el ajuste será moderado -muy por debajo de la inflación, durante este año- y el proceso de normalización será bien lento. La ratificación de lo que las compañías de gas y electricidad ya conocían. El nuevo cuadro tarifario que marque les marque el sendero de precios y, en consecuencia, de inversiones, deberá esperar al año próximo.

Ni siquiera el anuncio “desdolarización definitiva” de tarifas introdujo una nueva variante en los cálculos de las empresas, ni tampoco de los usuarios. Esto porque ya desde el año pasado, al menos en el caso del gas, está establecido el mecanismo de pesificación. Sin embargo, el anuncio de un nuevo proyecto de ley despertó la inquietud. “Ni en la negociación, ni en lo que dijo el Presidente, hay algo nuevo. La realidad es que no hay una discusión sino que es unidireccional, piden información, se las pasamos y punto”, aseguró una fuente del sector eléctrico, quien destacó que en el caso del gas, al menos se produjo el llamado a audiencias públicas para establecer una tarifa de transición. “No nos sorprende para nada lo de hoy pero sí nos gustaría saber en qué va a consistir este proyecto de ley”, agregó.

En las compañías temen que las sorpresas estén por llegar. Esto porque, a diferencia del gas, en el rubro de electricidad se produjeron menos avances y prácticamente no hay definiciones sobre cómo se procederá al descongelamiento sobre las categorías residenciales y pequeñas industrias. En el caso de que lo hubiera, ya que para grandes usuarios sí rige desde ayer la eliminación de los subsidios.

Para el gas, en cambio, con algo más de apremio por encontrar un atisbo de solución ante la llegada del invierno, el panorama se ve con un poco más de claridad. En 15 días se concretará la audiencia pública para definir los aumentos en transporte y distribución, del que se desprenderá el impacto final en las boletas. Será la nueva tarifa de transición, mientras se discute la revisión integral que, tal como anticipó Fernández, “llevará tiempo”. En el sector dan por descontado que se tratará del único aumento del año y que estará muy lejos de compensar la inflación -extraoficialmente se apunta un 9%- desde que rige el congelamiento, en abril de 2019.

Si bien hay estado de alerta por la letra chica del proyecto de ley anunciado, en ese ámbito se le resta importancia a la “desdolarización” de las tarifas. Es que, tanto en transporte como en distribución, las tarifas son en pesos mientras que en generación, el propio Plan Gas 4 anunciado el año pasado garantiza a los productores (YPF, por ejemplo) precios del gas en boca de pozo en dólares al tipo de cambio oficial y en pesos a los usuarios. Si hubiera una diferencia, como ocurrió en 2018 por el salto abrupto del dólar, el Estado se hace cargo de cubrirla. “Es una cuestión lingüística, para instalarlo de esa manera, pero va a seguir estando en dólares. El punto está en el pasaje del discurso de que dice que normalizar las tarifas llevará tiempo. Nos van a dar lo mínimo indispensable para sostener la operación”, afirmaron en una distribuidora.

La cuestión de las tarifas es uno de los tantos puntos críticos de negociación con el Fondo Monetario. Pero, otra vez, el ingreso de dólares adicionales por la suba de los commodities anima al Gobierno a ensayar una demora en lograr ese entendimiento, al menos hasta que ocurran las elecciones. Incluso, existe cierta expectativa sobre un giro excepcional del propio FMI en torno a unos USD 3.000 millones para países pobres y, quizá, en vías de desarrollo con la Argentina, lo que permitiría cubrir de sobra el vencimiento más apremiante de este año, con el Club de París. De ahí que, a la hora de referirse a las discusiones con el organismo, el Presidente prefirió mirar para atrás y soslayar compromisos hacia adelante.