Cuando no son los impuestos, son los biocombustibles. Las petroleras volvieron a aumentar sus precios para trasladar el incremento que tuvieron sus costos; esta vez por el alza en el precio del bioetanol elaborado a partir de maíz y caña de azúcar que definió el Gobierno algunas semanas atrás y que por ley hasta mayo próximo debe mezclar con la nafta, y el biodiésel (soja) que tiene que añadir al gasoil.
El aumento de 90,6% que la Secretaría de Energía de la Nación otorgó de manera escalonada hasta mayo al precio de la tonelada de biodiésel, y de 56% a la tonelada de bioetanol, impacta directo sobre el precio en los surtidores, que mensualmente, al ritmo de esos incrementos, se traslada a los consumidores.
“Lo de los biocombustibles se transformó en un gran dolor de cabeza”, reconoce una fuente del Ministerio de Hacienda. “El esquema actual ya lleva 15 años y los números no cierran pese a que se les dio beneficios fiscales a los proyectos de construcción de las plantas productoras, se les aseguró un mercado cautivo y un precio garantizado por el Estado, que desde hace años es el que repercute en los precios de los combustibles”, asegura.
Para Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía, no hay dudas: “El costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor”.
“Ese sobrecosto fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos a los biocombustibles, lo que generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, ya que se trata de un impuesto coparticipable”, agrega Arceo.
La reducción de ingresos fiscales fue aún mayor por el hecho de que al destinarse soja y maíz a la elaboración de biocombustibles dejaron de exportarse productos por los cuales el Estado hubiera percibido ingresos fiscales durante los últimos 15 años.
“El fisco no percibe divisas por exportaciones de maíz, soja y sus derivados, que se podrían exportar, y tiene el débito de los impuestos no cobrados a la venta del combustible”, asegura Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. “En 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de USD 6.000 millones (por menor recaudación de impuestos) y una pérdida de divisas de USD 1.400 millones por aceite de soja y maíz que dejó de exportarse”, afirma.
Al Gobierno le preocupa la producción de caña de azúcar. “Cada uno de los insumos para la producción de biocombustibles tiene una realidad diferente. El etanol a partir de caña es un elemento estratégico para el sector azucarero porque le permite destinar a su elaboración una producción que excede a la demanda interna de azúcar, está ubicado en regiones postergadas como el NOA y es una de las pocas fuentes de trabajo en su región”, dicen en Hacienda. La Argentina no exporta azúcar, dado que se registra sobreoferta de ese producto a nivel mundial y su consumo es cada vez más combatido en todo el planeta por su impacto en la salud.
En cambio, los otros biocombustibles tienen opciones de exportación que generan divisas muy valiosas para el país, además de trabajo y valor agregado local. El maíz se exporta como grano, como aceite o como harina (Argentina es el tercer exportador mundial), y la soja se exporta como poroto, como harina o como aceite (nuestro país es el primer exportador mundial de aceite de soja, y también de biodiésel).
“La soja y el maíz tienen mercado externo; pueden exportarse y pagar los impuestos que la Argentina necesita recaudar, sobre todo para intentar revertir lo más rápido posible los efectos de la pandemia”, dicen en Hacienda.
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