El Fondo Monetario Internacional confirmó que en las próximas semanas retomará el contacto directo con los funcionarios argentinos para diseñar el programa financiero que reemplazará al stand by vigente desde 2018. El vocero del organismo Gerry Rice explicó que el FMI espera que el Gobierno defina “su plan de mediano plazo”.
“Nuestras conversaciones con las autoridades argentinas continúan. Esas discusiones entre el gobierno argentino y el equipo del FMI continuarán en el próximo período. Tuvimos un breve descanso en el diálogo durante el período de vacaciones, pero esperamos que el ritmo de las reuniones, todas virtuales, aumente en las próximas semanas”, explicó Rice en conferencia de prensa.
“Las autoridades continúan trabajando en el diseño de su plan económico de mediano plazo y discutiendo las medidas específicas para su implementación y trabajando para apuntalarlo con un amplio apoyo político y social”, continuó el vocero del organismo.
“Compartimos la opinión de las autoridades de que abordar los desafíos de Argentina requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas que fomente la estabilidad, restablezca la confianza, proteja a los más vulnerables de Argentina y establezca las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, dijo Rice.
Agregó que “Argentina, como casi todos los demás países, se enfrenta al desafío de la pandemia y los problemas de salud y humanitarios que esto conlleva”. Indicó además que habrá en un par de semanas una nueva actualización de las perspectivas económicas mundiales, a través de las actualización del tradicional informe WEO.
Consultado por la prensa, tras asegurar que los técnicos del organismo no mantuvieron conversaciones con el Gobierno sobre una de las últimas medidas oficiales como fue el freno a las exportaciones de maíz, Rice aseguró: “Compartimos ampliamente la opinión con las autoridades sobre la necesidad de un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas con los objetivos de estabilidad y confianza. Proteger a los más vulnerables es importante. Y, por supuesto, como dije, Argentina está luchando contra la pandemia como cualquier otro país del mundo”, concluyó.
Mientras tanto, en las próximas semanas el Tesoro deberá continuar con los pagos ya previstos al FMI en el cronograma vigente. El primer día de febrero se espera que el Poder Ejecutivo devuelva unos USD 315 millones a Washington. Forma parte de los vencimientos trimestrales que el país cubrió desde 2019 y que este año empiezan a escalar.
El primer pago de intereses considerable tendría lugar –si no mediara un acuerdo que lo modifique– por casi USD 1.900 millones a fines de septiembre y otro monto similar días antes de la Navidad. El calendario sigue con devoluciones del crédito por más de USD 35.000 millones entre 2022 y 2023. Ese es el sendero de repagos que Martín Guzmán busca renegociar con el organismo.
El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, adelantó el inicio de la nueva etapa del diálogo, que por el momento será sostenido de forma virtual, sin misiones presenciales del país o del organismo. Los primeros días de intercambios incluirán, además de distintas áreas del Ministerio de Economía, al Banco Central. Típicamente, el ministro y el presidente de la autoridad monetaria son los encargados de firmar los programas financieros con el Fondo.
El Gobierno planea hacer público un programa plurianual que abarque distintos indicadores económicos que actúen como referencia para los próximos años, como por ejemplo metas de acumulación de reservas, uno de los puntos en discusión con el FMI. Guzmán adelantó, incluso, que los controles cambiarios podrían relajarse en la medida en que el BCRA pueda ir engrosando su colchón de divisas. Las cifras que sean incluidas en ese programa serán trasladadas al acuerdo con el Fondo.
El déficit fiscal es otro tema a conversar entre el FMI y el Gobierno, principalmente en qué ritmo podría reducirse ese desequilibrio en las cuentas públicas en un contexto en que el Ejecutivo descartó –según lo esperado en el Presupuesto 2021– volver a implementar las medidas para mitigar el efecto de la pandemia, como el IFE, que implicó $90.000 millones por cada cuota.
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