
Con 42 votos a favor del dictamen de la mayoría contra 36 del de minoría se impuso el proyecto del oficialismo en la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda; por esta raón, el próximo 29 de diciembre el Gobierno buscará darle la media sanción al proyecto de ley que llegó del Senado que establece la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones.
La norma que establecerá el ajuste de los ingresos de 16.8 millones de jubilados y pensionados como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo aún no tiene los votos necesarios para que sea aprobada en el recinto.
Según explicaron fuentes de la oposición hay 122 votos que se oponen a la fórmula oficialista con legisladores provenientes de los interbloque de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal. Por el lado del oficialismo hay 119 votos a favor provenientes del bloque del Frente de Todos.
En el medio quedan 17 votos de los que seis provienen del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que comanda el mendocino José Luis Ramón que en general tiene buena sintonía con el oficialismo, a los que se le sumaría legisladores provinciales.

El dictamen de mayoría es el mismo que se aprobó en el Senado el cual establece que la fórmula de actualizaciones se determinará en 50% por la recaudación de la Seguridad Social (Anses) y en el otro 50% por la evolución de los salarios medidos por el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) o el Índice salarial que elabora el Indec, el que tenga mayor incremento en el trimestre que se analice.
El otro cambio es la inclusión del aumento de 5% dispuesto por decreto para las jubilaciones desde este mes como si fuera remunerativo y no a cuenta del aumento de marzo de 2021. Y, la última, es que cambia el ajuste que estaba previsto originariamente de manera semestral a un ajuste trimestral.
Pero aunque contaba con las firmas necesarias, la oposición incluyo la mayor cantidad de oradores posibles para, primero, presentar dictámenes de minoría y en segundo lugar para atacar lo que señalan como la “opacidad” de la fórmula ya que sólo la podría sacar el Anses y que dejara afuera el índice de inflación.

“El Presidente llegó con promesas de aumentos y de usar las Leliqs para pagarle a los jubilados pero la primera medida fue la suspensión de la movilidad jubilatoria. Esa suspensión significó una pérdida para todos los jubilados, porque recibieron menos que lo que les hubiera correspondido con la movilidad suspendida, la que indicaba 42% de aumento en 2020. Ningún jubilado recibió este porcentaje”, señaló el vicepresidente de la comisión y diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace.
Pero el legislador explicó que la discusión para el 2021 en donde “han propuesto una fórmula que terminó siendo muy parecida a la que se aplicó durante el Gobierno de Cristina Kirchner” presenta un problema que sería que dejar afuera a la inflación como variable del cálculo de la movilidad es no proteger a los jubilados. “Con lo que propone el Gobierno la caída de las jubilaciones ya no tendrá piso. No hay garantías para que los jubilados no pierdan contra la inflación. Si la inflación es del 50% en 2021, como indica el BCRA, la caída de las jubilaciones será de 20 puntos en un año”. Y que a partir de esto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni “nos pide una adhesión de fe”.
“Estamos pidiendo una garantía para que no pierdan los haberes jubilatorios. Pero Moroni nos dijo que de ninguna manera, que no habrá una cláusula gatillo. No podemos consentir esto”, agregó el legislador.
Otro que tuvo un encendido discurso fue el representante de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, quien dijo que el proyecto “supone volver a taladrar el poder adquisitivo de los jubilados, como el Gobierno lo ha hecho durante todo este año de pandemia. Parece que al Poder Ejecutivo no le alcanzó con los 100.000 millones de pesos que ya les quitó a los jubilados en un año de apagón económico y ahora les quieren seguir perforando el bolsillo, con un proyecto que no sólo no respeta la garantía constitucional de la movilidad, sino que, además, pretende convertir a los jubilados en socios del Estado, atando su poder adquisitivo a la recaudación tributaria”, expresó Angelini.

El diputado Luciano Laspina también se opuso señalando que la fórmula significa que “hoy le roban a los jubilados para la promesa incumplible para los futuros jubilados. La fórmula es inentendible y es criticada desde la izquierda y la derecha, por el diputado Del Caño y seguramente lo haría los economistas libertarios como José Luis Espert o Milei si estuvieran acá sentado”.
“A los jubilados este año le robaron entre 5% y 15% de su jubilación y el año próximo probablemente pierdan con la inflación con la única excepción de septiembre, justo antes de las elecciones, les van a devolver una parte de lo que les robaron este año otra de la que te robaran el año que viene. Es un recurso típico del populismo, pero no es una sorpresa”, agregó el legislador.
“Esta fórmula es un crimen de lesa sustentabilidad, sacrifica a los jubilados y pone al límite de quiebre del sistema”, finalizó.
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