La Ciudad de Buenos Aires perdió 12.000 millones de pesos en los últimos tres meses por los recortes aplicados por el gobierno nacional, equivalentes a tres meses de salario de las fuerzas de seguridad o al dinero gastado en insumos médicos en la ciudad desde principios de año.
Fuentes del gobierno porteño precisaron a Infobae que el recorte aplicado por decreto desde principios de septiembre es de unos 150 millones de pesos diarios, contando las jornadas hábiles. A este recorte transitorio le sucederá el que se aplicará por la ley votada en el Congreso, que le recortó la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires para otorgarle más recursos a la provincia que gobierna Axel Kicillof.
El gobierno porteño ya presentó un pedido ante la Corte Suprema para que se dicte una medida cautelar ante el primer recorte y la procuración de la Ciudad prepara una nueva demanda ante ese Tribunal por la mencionada ley. Hasta ahora, no hubo señales por parte de la Corte respecto de este tema.
El problema es que esta norma aprobada por el Congreso de la Nación determina que, a partir de 2021, los recursos del Servicio de Seguridad para la Ciudad se establecerán mediante una suma fija de $24.500 millones anuales, actualizada trimestralmente a año vencido. Sin embargo, con la ejecución del tercer trimestre del corriente año presentada ante la Legislatura de la Ciudad, el servicio de Seguridad Pública en el distrito, ya registra un gasto de $ 48.000 millones. Es decir que, si tuviera que pelear en la “mesa de negociación” que fijó la ley, la Ciudad debería conseguir al menos el doble de lo que se le otorgó para pagar sus gastos en seguridad.
Esto es porque al 30 de septiembre de este año, la Ciudad ya gastó en seguridad el doble de lo que la ley nacional estipula como base para el próximo año. Además, con la mencionada ley, este giro de fondos que hasta septiembre eran automáticos y no discrecionales, ahora deberán discutirse en términos políticos con el Tesoro Nacional y con plazos que podrán ser manejados por el Gobierno.
Mientras tanto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta utiliza una ley de emergencia aprobada por la Legislatura que le permite redireccionar partidas para la pandemia y que ahora se usará para cubrir los fondos que se perdieron en concepto de la coparticipación. Al respecto, se redirigieron partidas de áreas no críticas para el mantenimiento de los gastos en el área de seguridad.
En este contexto, el presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura porteña, Claudio Romero, dijo a Infobae que “el fuerte recorte de fondos hizo que los gastos en obra y mantenimiento se hayan frenado bastante”.
“Ahora presentamos un presupuesto de contingencia, que es para que no se deterioren los servicios de la Ciudad. Pero el recorte de 65 mil millones es un daño terrible, porque representa todo el salario del área de educación, entre docentes y no docentes”, detalló.
En el caso del área de seguridad, indicó que “hay un plan integral, que no solo es el de los recursos humanos, sino la capacitación. Además, el año próximo íbamos a comprar 200 patrulleros, 9000 cámaras, motos y cuatriciclos que tuvimos que suspender”.
“Tuvimos que dar de baja estas compras, porque el 51 por ciento del presupuesto de la Ciudad es para pagar los salarios de todas las áreas”, detalló.
“De cada cuatro pesos que había este año, teníamos dos para los recursos humanos, uno que se destinó a la emergencia de la pandemia y otro que perdimos por este recorte del gobierno nacional. Y con uno de cada cuatro pesos hubo que administrar el resto del gobierno”, detalló el legislador.
Respecto de la aplicación de ingresos brutos en las Leliqs -que fue cuestionada por el Banco Central ante la Corte Suprema- Romero expresó: “El gobierno nacional no puede opinar sobre ingresos brutos porque aumentó 14 impuestos. Solo en las últimas semanas, el que se aplica sobre los combustibles, que tiene un gran peso en la ciudad, y el nuevo a los productos electrónicos”.
Además, en este caso puntual, “la Ciudad había dado de baja esta tasa, pero ahora la tuvo que reponer por el recorte de fondos de parte del Gobierno”; además, argumentó que la tasa no afecta su función de regulación monetaria y que otras provincias también la aplican, sin haber sido cuestionadas por el BCRA.
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