Según el gobierno bonaerense, hay 600 countries en la provincia que no pagan los impuestos les corresponden

En medio de la reciente toma de tierras en Guernica el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una frase que hizo mucho ruido. “La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”, y estalló la polémica.

Kicillof después explicó lo que dijo y reconoció que buena parte de esos barrios están mal empadronados por deficiencias de la administración provincial. De todas formas, dejó en claro que esas propiedades pagan menos impuestos porque están registrados de otra manera por lo que anunció que iba a lanzar una campaña de regularización.

Luego de eso, ARBA comunicó a principios de diciembre que había detectado una buena cantidad de metros cuadrados sin declarar por lo que habían pagado menos impuestos. Ahora, la provincia de Buenos Aires avanzó en el proceso de regularización de los barrios cerrados.

Mediante la publicación de la Resolución 650 del ministerio de Gobierno de la provincia lanzó “una nueva etapa del Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados con carácter final”, con la que busca regularizar alrededor de 600 barrios privados.

Según datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), en suelo bonaerense hay más de 1.000 barrios cerrados o countries, de los cuales 568 están registrados formalmente, 73 tributan como “tierra en desarrollo” y 300 no están registrados ni tributan. Esa situación genera, según estima el organismo recaudador, una pérdida de $ 1.500 millones al año en recaudación.

Esta medida, que se extiende hasta el próximo 31 de marzo es un primer paso para avanzar en la regularización catastral, primero en los barrios y luego de las propiedades. “Esto no significa que las propiedades no estén pagando ni hayan declarado los metros cuadrados, sí que esos barrios están mal”.

Respecto a este punto, la norma establece que “aquellos poseedores de parcelas, lotes de terreno, unidades funcionales o privativas de urbanizaciones que se encontraren en infracción, y cuyos titulares de dominio no se hubieran inscripto en el empadronamiento, podrán manifestar su interés en ingresar desde el 1 al 30 de abril de 2021, debiendo acreditar haber intimado en forma fehaciente al titular de dominio y los responsables del desarrollo a inscribirse”.

Un detalle no menor es que en el relevamiento que tiene realizado la provincia casi la mitad de los barrios cerrados registrados se encuentran en los distritos de Pilar, Tigre y Escobar, y el 80% de los mismos se encuentran en el AMBA.

El Régimen de Regularización de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados fue creado en 2019 bajo la gestión de María Eugenia Vidal, cuyo plazo de vigencia fue de 90 días y durante el cual ingresaron 97 urbanizaciones cerradas.

Pero ahora, luego de relevamientos satelitales, la provincia detectó 600 casos “en los cuales se advierten desarrollos inmobiliarios consolidados y compatibles con las figuras urbanísticas de club de campo y barrio cerrado que no contarían con Convalidación Técnica Final y, por lo tanto, estarían en infracción a la ley”. Y agrega la norma que existen en la provincia “gran cantidad de parcelas vendidas en infracción a la ley y en perjuicio de los adquirentes de las mismas, en tanto la subdivisión y escrituración deviene de cumplimiento imposible”.

Recién en el último punto hace referencia a que esta situación impacta en “en la esfera tributaria, al postergarse la instancia de aplicación de la metodología de valuación adecuada técnicamente para captar el valor inmobiliario involucrado (...) generando situaciones de inequidad impositiva frente a las cuales el Estado no quiere ni puede ser indiferente”.

A principio de diciembre, ARBA detectó 633.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar en sólo 114 countries bonaerenses. Allí se encontraron diferentes irregularidades catastrales como nuevas viviendas, remodelaciones o ampliaciones y piscinas que los propietarios omitieron declarar impositivamente.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que los dueños de estos inmuebles “evadían, parcial o totalmente, el pago del Impuesto Inmobiliario generando un perjuicio millonario al estado provincial”, y sostuvo que a partir “de la tecnología satelital y el intercambio de información catastral con los municipios estamos fortaleciendo nuestras fiscalizaciones para lograr que cada persona pague en función de su capacidad contributiva real”.

En ese momento, la Agencia detectó 96.738 metros cuadrados sin declarar en el country San Sebastián, de Pilar. Puntualmente, se encontraron 412 viviendas y 240 piletas que no tributaban ante el fisco. En ese caso, la omisión representa una recaudación anual de casi 12 millones de pesos.

Seguí leyendo: