El Gobierno y las empresas negocian cambios en el proyecto de blanqueo para la construcción, demorado en el Congreso

El proyecto de ley de blanqueo para fondos destinados a la construcción que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó públicamente a fines de octubre no logró tener lugar en la agenda parlamentaria de sesiones ordinarias pero fue incluido en el temario a tratar durante la prórroga que comenzó en diciembre. Con esa demora en el tratamiento, el Gobierno y el sector privado iniciaron conversaciones en los últimos días para acordar modificaciones en la iniciativa, principalmente en las fechas, plazos y costos de la exteriorización de capitales.

El blanqueo que el Ministerio de Economía presentó en el Congreso en los últimos días de octubre formó parte de un paquete de medidas que apuntan a impulsar la actividad de la construcción privada y el desarrollo de viviendas. Además, hubo proyectos con beneficios impositivos para inversiones en ese sector y otro que estableció la creación de una agencia hipotecaria para establecer créditos nuevos que reemplacen a los UVA.

Los tiempos políticos y el debate del Presupuesto, el impuesto a las grandes fortunas y la reforma previsional no dieron lugar a que estos proyectos, que el ministro Guzmán siguió de cerca, puedan formar parte de la agenda parlamentaria en esas cinco semanas de sesiones ordinarias entre la presentación de los proyectos y el 30 de noviembre. Pero en el temario ingresado para ser debatido en el Congreso, el oficialismo decidió incluir al paquete para la construcción.

Respecto a la versión original, el Ministerio de Economía y empresarios del sector comenzaron a negociar ciertas modificaciones, según pudo saber Infobae de acuerdo a fuentes al tanto de las conversaciones. La letra original, por ejemplo, preveía que el costo impositivo de ingresar al blanqueo fuera de 5% para las declaraciones hechas entre la sanción de la ley y el 31 de diciembre de este año. Para quienes ingresen en enero ese tributo especial sería de 15% y de 25% para los que esperen hasta febrero. Por razones prácticas, estos plazos quedaron desactualizados.

El de las fechas de ingreso se tratará de un cambio lógico por la demora en el tratamiento, pero los empresarios constructores avizoran que podrán conseguir retocar otros aspectos del proyecto de ley. En primer lugar, la duración de los plazos. Los ejecutivos del sector buscan que cada “segmento” de entrada al blanqueo sea más largo. En lugar de durar un mes como se establecía originalmente, que ese tiempo sea de entre 60 y 90 días, al menos para la primera fase de exteriorización.

Por otra parte, apuntan a “igualar” las condiciones entre quienes blanqueen pesos y dólares. “Para eso, necesitamos que las tasas (de impuesto especial) de quienes exterioricen pesos sean un 50% en comparación con los que exterioricen dólares, que están pagando una tasa sobre una cotización a tipo de cambio oficial. En cambio quienes van al mercado blue a conseguir pesos y blanquearlos pagarían una tasa comparativamente más alta”, explicó un ejecutivo de la construcción.

El proyecto de exteriorización incluye además a quienes ingresen un “bloqueo fiscal” por el cual el fisco no puede cobrar impuestos adeudados por esos fondos no declarados.

Dentro del mismo paquete está previsto que el Gobierno ponga en marcha beneficios tributarios para quienes inviertan en la construcción, principalmente a través de una exención del Impuesto sobre los Bienes Personales “de las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años”. En ese sentido, prevé además dar un crédito fiscal para computar contra el Impuesto sobre los Bienes Personales que va a equivaler al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

Por último, la Casa Rosada espera poder reemplazar a los créditos UVA. Para eso, creará por ley una Sociedad Hipotecaria, que funcionará como administradora de “nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación”.

Al presentar el acuerdo por las medidas para impulsar la construcción, Guzmán había mencionado a los empresarios del sector presentes que la idea del Poder Ejecutivo es “incentivar la reactivación económica enfocada en la actividad de la construcción, generadora de puestos de trabajo, movilizar ahorros hacia actividades de construcción, promover el rol del mercado de capitales para aplicar ahorro privado al financiamiento de la construcción y canalizar financiamiento para inversiones que movilicen la actividad económica”, afirmó el jefe de Hacienda.

Además de la construcción privada, el Gobierno apuesta a la obra pública como parte de las medidas para recuperar la actividad económica. El Presupuesto 2021 prevé un gasto en obras viales, de vivienda y de agua y saneamiento por unos $285.000 millones, lo que representa un peso en el PBI que duplica a la ley de gastos e ingresos vigente este año.

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