El Gobierno nacional comunicó el cierre de varias bocas de expendio por incumplimiento de la norma de precios máximos y desató la crítica de varios sectores que acusan al accionar de la Secretaría de Comercio Interior de ir en contra de la recuperación económica.
Según comunicó la oficina que conduce Paula Español, se realizaron 26.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento e impuso multas por más de $60 millones, de las que 46% corresponden a incumplimientos de los Precios Máximos.
En ese contexto fue que se labraron 6.650 actas y se clausuraron preventivamente unos 580 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el territorio nacional.
A través de estas fiscalizaciones se aceleraron los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras a los precios máximos y a la Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, explicaron que las fiscalizaciones que se realizaron en todo el país se hicieron mediante los cuerpos de inspectores de Comercio Interior, de AFIP, del Ministerio de Medio Ambiente y de las provincias y los municipios.
“Realizamos clausuras por incumplimiento de precios e invitamos a los comercios a que acomoden los valores de los productos de acuerdo a los Precios Máximos de Referencia”, destacaron en Twitter. Según se ve en el video que difundieron, cerraron un local en Palermo porque de 40 productos tenían 14 con precios más altos que el de referencia y lo “invitaron a que acomode los precios”.
La medida de clausura de los locales causó el reclamo de varios sectores del comercio y de economistas. Como el caso de Iván Carrino, titular de Iván Carrino & Asociados, quien dijo en las redes sociales: “Ustedes –por el Gobierno– son los delincuentes”.
“Es una vergüenza que se jacten de clausurarle el negocio a un honesto comerciante de la zona de Palermo. No cuidan a nadie. De hecho cerrar el local agrava el problema: antes tenías 14 productos considerados caros, según la vara demagógica del Gobierno, que la gente voluntariamente compraba o podía elegir no comprar”, aseguró Carrino ante la consulta de Infobae.
“Ahora hay un negocio cerrado: para la gente es más caro comprar porque tiene que moverse más lejos y abandonar su comunidad. Son unos caraduras que cuidan los precios de una delas zonas más ricas de la ciudad más rica del país. Podrían hacer políticas monetarias razonables o bajar la inflación como corresponde, como hicieron todos los países de la región, salvo Venezuela y Argentina. Acá todavía creemos que la culpa de que el pan esté caro es del panadero. Es una ridiculez astronómica y encima se jactan de ser astronómicamente ridículos. Nunca jamás funcionaron los controles de precios. Son medidas inmorales, ineficientes y con resultados peores que los problemas que quiere solucionar”, detalló.
El economista Fausto Spotorno también se mostró sorprendido por el accionar de la Secretaría de Comercio y apuntó al control de precios. “Los precios son como los semáforos, si los apagas tenés un lío de tránsito. Esto está mal, es creer que los comercios son inflacionarios. Con esto se busca tapar errores propios”.
Spotorno señaló que hay un libro titulado 4.000 años de controles de precios en el que se explica que esta medida “nunca funcionó” y, además, hizo referencia a que el problema de fondo es que se puede tomar una medida de este tipo “por un tiempo acotado y si se tiene un plan económico, pero el problema es que no hay un plan económico”.
“Los controles son o muy duros o muy laxos; si son muy duros tenés desabastecimiento y esto es lo que estamos viendo en algunos sectores, y si son muy laxos no sirven para lo que lo pusieron. Es decir, no funcionan nunca”, sentenció.
Por último, el economista puso como ejemplo el caso del emperador romano Diocleciano quien, “luego de devaluar la moneda, le puso un control de precios a 1.300 productos. Esto fue en el año 301 DC y los controles eran más sanguinarios de los que conocemos hoy. De todas formas, terminó cayendo cuatro años más tarde”.
Los cierres de comercios ya habían sido centro de la polémica durante el fin de semana cuando la Dirección Provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas provincial (ReBa) clausuró “Tiki Bar”, un local ubicado en la zona de la calle Alem, en Mar del Plata, porque incumplía el artículo 5 de la Ley 14.050, promulgada en 2009, que establece que los bares de ese tipo “no podrán vender, expender o suministrar a cualquier título bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar, que superen los trescientos cincuenta (350) mililitros de capacidad”.
El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, consideró “desmedida” la decisión de los funcionarios del organismo bonaerense y apuntó contra el ministro de Seguridad, Sergio Berni, por el despliegue policial que se llevó a cabo para clausurar el bar.
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