
La toma del campo de la familia del ex ministro de Agricultura y ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, por parte de su hermana Dolores y con militantes del dirigente Juan Grabois, puso en alerta a los productores agropecuarios, quienes temen que esta modalidad de usurpación de tierras pueda continuar en distintos puntos del país afectando al sector productivo.
Como destacó Infobae ayer, el campo no cree que puede recomponer su relación con el kirchnerismo, un vínculo en tensión desde 2008.
Si bien la toma de la estancia Casa Nueva, ubicada en la localidad entrerriana de Santa Elena, en un principio se planteó como un problema familiar, ya que Dolores Etchevehere había donado el 40% de sus posesiones en el campo a los militantes de Grabois para llevar a cabo un proyecto agroecológico denominado “Proyecto Artigas”, rápidamente fue escalando y se convirtió en político con denuncias del ex ministro macrista de que en la toma participaron funcionarios nacionales y provinciales. Todos estos hechos motivaron la movilización de los productores y entidades rurales en defensa de la propiedad privada.
Esta situación se convirtió en un nuevo punto de fricción y tensión entre el Gobierno y el campo. Los productores vienen reclamando una agenda clara para el sector, terminar con el constante cambio de reglas de juego, frenar la alta presión impositiva, disminuir la brecha cambiaria y resolver la inseguridad rural. Todo eso sucede en la previa de una nueva reunión entre los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y representantes del gabinete económico, que se realizará el próximo miércoles y donde los productores esperan “señales concretas" de los funcionarios.

Si bien entre el Gobierno y el Consejo hay diálogo, el grueso de los ruralistas está convencido que dentro de la coalición hay sectores que promueven acciones para perjudicar y frenar la actividad agropecuaria, ya sea con proyectos de ley en el Congreso “o con declaraciones que desconciertan y generan más incertidumbre de la que ya existe”, aseguran fuentes del sector en off the record.
A pesar del fallo de la Justicia entrerriana que ordenó el desalojo tanto de Dolores como de los integrantes del denominado Proyecto Artigas –decisión que fue celebrada por la ruralidad y por representantes de distintos espacios políticos– el temor de que estos hechos se repitan está latente entre los productores y la posibilidad de que se lleven a cabo medidas de fuerza por parte de las entidades agropecuarias no está descartada producto del malestar creciente que hay en la producción agropecuaria.
La opinión de las entidades
En este sentido, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, comentó a Infobae que “puede volver a pasar alguna toma, pero depende del Gobierno si no se implementan medidas para prevenir. Esto puede pasar en diferentes lugares”.
En base a esto, sostuvo que “la Comisión de Enlace está muy atenta a lo que pueda suceder y sobre todo a lo que opinen las bases de las entidades. Nosotros en CRA tenemos 16 confederaciones y 360 Sociedades rurales. Estamos en contacto permanente con ellas y algunas están más enojadas que otras”.
Ante el creciente malestar, el titular de una de las entidades más críticas con la gestión de gobierno, advirtió que “el cese de comercialización es una posibilidad. Se dialoga en diferentes ámbitos, algunos sectores están manifestando la posibilidad del cese” y agregó: “El Gobierno debe generar medidas de confianza con perspectivas de trabajar tranquilos, sin riesgo de toma de campos, sin ataques a silobolsas. Es lo básico trabajar con tranquilidad y seguridad en este momento. Por supuesto que el reclamo de lo impositivo sigue y siempre lo expresamos, pero acá también está la vida y el trabajo de los productores”.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, aseguró a este medio que “puede volver a pasar (la toma de campos o terrenos) pero es un gran antecedente lo que sucedió en el campo de Etchevehere y en Guernica porque triunfó la presión pidiendo el respeto a la propiedad privada. Puede seguir replicándose este tipo de delitos, pero también se va a consolidar la reacción de protección de quien tiene derechos sobre esa propiedad”.
“De darse nuevamente esos casos, la función de la Mesa de Enlace va a ser la de encabezar la protesta para que no se repitan más y que el Gobierno entienda que debe existir un Estado presente garantizando los derechos y los tres poderes deben actuar con independencia preservando la República y el estado de derecho de los ciudadanos, esencial para el sano ejercicio de la democracia”, subrayó.
Respecto a la posibilidad de protestas, aseveró: “No se descarta nada, pero cualquier medio de protesta llegará si mediante el diálogo nada cambia o se reiteran situaciones de inseguridad o atropello a la propiedad privada, o si las condiciones económicas continúan afectando al sector, como la paridad cambiaria múltiple, la presión impositiva, retenciones”.
Para el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, el fallo que dispuso el desalojo del campo tomado de los Etchevehere “ha traído una tranquilidad momentánea. Ha sido recibida por la dirigencia y la mayoría de los productores con mucha tranquilidad y se ha visto redescubrir un nuevo voto de confianza a la Justicia y que ojalá se vuelva repetir en donde las instituciones y derechos fundamentales de la República sean respetados adecuadamente, más allá de reconocer que hay problemáticas sociales a las que hay que darle solución, pero sin violentar los derechos”.
Sin embargo, Iannizzotto sostuvo que “por supuesto que hay temores de los dirigentes y productores porque el clima de confianza con este fallo no se construye totalmente. La confianza hay que trabajarla, ser coherentes, saber escuchar, ceder, ser solidario. Muchos de estos aspectos en Argentina todavía no suceden y se contradicen constantemente y estamos todos en vilo”.
“Por parte de Coninagro estamos constantemente haciendo reuniones con nuestras seccionales para concientizarnos de la paz social. Es un momento en el que hay que estar muy firmes en la defensa de los derechos, pero también con mucha prudencia, porque la situación es muy confusa, muy débil económicamente y con muchas problemáticas sociales. Se necesita mucha inteligencia , diálogo y mucha firmeza”, concluyó.
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