El sector agropecuario volvió a expresar su rechazo al impuesto a la riqueza

En las horas previas al inicio del debate en el Congreso de la Nación, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades del campo que conforma la Mesa de Enlace, volvieron a expresar sus críticas al impuesto a la riqueza, que busca aprobar e implementar el oficialismo, con el objetivo de morigerar el impacto de la pandemia del coronavirus.

A los representantes de los productores agropecuarios les preocupa que la puesta en marcha de la iniciativa, significaría un aumento de la presión impositiva. Al respecto, dijeron: “Si la intención es lograr el desarrollo productivo, el incremento del ingreso de divisas al país y por sobre todas las cosas, mejorar la situación en la que estamos sumergidos la gran mayoría de los argentinos, no hace falta ser un especialista para poder afirmar que el incremento de la carga tributaria, no es el camino".

Y agregaron: “La historia reciente nos muestra que la baja de impuestos incrementa la producción; por el contrario su incremento, sólo ha conseguido incrementar la desigualdad, haciendo crecer el gasto público y la pobreza. Multiplicar la riqueza sólo es posible favoreciendo la posibilidad de generar recursos a través del trabajo y no destruyendo los capitales productivos”.

El documento de CRA también contempla la opinión de especialistas y constitucionalistas quienes han calificado el proyecto oficial como “inconstitucional y confiscatorio". Y agregaron: "La retroactividad que plantea el proyecto es referida a que se valuaría sobre el patrimonio existente al 31/12/2019, sin tener en cuenta la capacidad contributiva actual del contribuyente, y no contempla la posibilidad de que el mismo haya tenido que reducir su capital en este año, en el que nadie trabajó con normalidad”.

“Es confiscatorio porque no sólo logrará apoderarse de la pequeña porción de utilidad que pueda quedar, luego de pagar el resto de los tributos, sino que se devora parte del patrimonio. Si al 31/12/19, era poseedor de un patrimonio nacional, que supere, los $ 200 millones, no significa que pueda pagar hoy 4 millones, se deberá pedir un préstamo personal, con un costo que puede llegar al 110%, ¿para pagar el impuesto a la riqueza?”, manifestaron los dirigentes de CRA.

Además, en el comunicado, los integrantes de la entidad, que preside Jorge Chemes, señalaron: “El proyecto deja afuera todas las excepciones que contempla el impuesto a los Bienes Personales, es decir incluye tenedores de bonos nacionales, provinciales y municipales, dinero en cuentas bancarias de ahorro, los inmuebles rurales de las personas físicas, las maquinarias agrícolas por el valor de compra, todo ajustado por inflación y sin tener en cuenta las deudas que aún se estén pagando por estos bienes”.

Mariana Martínez, coordinadora de la Comisión de Legislación e Impuestos de CRA, sostuvo que un productor de la zona núcleo con 200 hectáreas y una máquina, "se considera rico y lo mismo le sucede al dueño de una PyMe industrial, propietario de inmueble, instalaciones y maquinarias con tecnología, ¿no son éstos los actores que generan trabajo y crecimiento a nuestro país?

Más críticas

Las críticas de CRA se suman a la de otras entidades y sectores que rechazan el proyecto de los diputados del Frente de Todos. Los integrantes de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) advirtieron que el mercado " necesita nutrirse de señales positivas y de aliento para el desarrollo de las industrias y el fortalecimiento de la producción y el consumo, para con ello retomar el camino del tan esperado crecimiento y el incremento de los puestos de trabajo".

Además, señalaron que el nuevo impuesto, “puede producir en el corto y mediano plazo efectos contrarios al buscado. Esto no solamente ante la posibilidad de que este extraordinario aporte se convierta en un impuesto más de los diversos ya existentes. Ejemplos que logran demostrar que la excepción se ha convertido en regla abundan en esta materia”.

Es por eso, que desde la Cámara sostienen que para mitigar a la pandemia se necesita del esfuerzo de todos los argentinos, y no solamente de un sector. Al respecto, rechazaron “el castigo a quien mayor tributa, conforme a su capacidad. Todo esto provocará que se busquen otros horizontes al momento de invertir o reinvertir las ganancias, ya que de las pérdidas el Estado nunca es socio. Por todo ello, le pedimos a nuestros legisladores priorizar debates serios y responsables en pos de atraer inversiones y retener a las ya existentes incentivándolas y apoyándolas”, manifestaron en un comunicado.

Otro de los dirigentes del campo que se pronunció en contra del nuevo impuesto, fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, quien dijo a Infobae: “Cualquier impuesto, se lo llame así o no, es una nueva exacción y me parece que va en contra de lo que necesitamos para encontrar soluciones de fondo, que básicamente pasa por encarar un cambio en la estructura del gasto público, que es muy alto en relación al tamaño de la economía”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó su preocupación respecto de lo que significará una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios, “que incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada”.

“La CAC entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como lo son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, gravando este último los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta, y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año”, afirmó la entidad mediante un comunicado.

Además, planteó que la entidad está convencida de que la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un “sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.

Sector empresario

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que agrupa a los dueños y ejecutivos de las empresas más importantes del país, emitió días atrás un comunicado en el que subraya el rol crucial del sector privado para generar empleo y reducir la pobreza, entre otros objetivos de desarrollo del país.

El comunicado, titulado “Instituciones para el Desarrollo” dice en su primer párrafo: “Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida. El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”.

Para lograr esos objetivos, sigue diciendo la entidad empresaria, “la condición necesaria es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa”.

El párrafo siguiente es aún más explícito. “Un ejemplo claro de una medida injustificada –dice- es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información. Esta disposición afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país”.

“Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”, dice otro pasaje, que critica inequívocamente varios aspectos de la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández.

La crítica de AEA a los controles de precios apunta directamente a uno de los pilares de la política económica del gobierno. Su referencia a los “impuestos confiscatorios” hacen eco con manifestaciones de empresarios y tributaristas que criticaron el recientemente presentado proyecto de “impuesto a la riqueza” y la impugnación del decreto 690, sobre el sector de telecomunicaciones, fue explícito.

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