La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional.
Se trata de la causa que investiga contratos que habrían beneficiado a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.
El organismo solicitó la inhibición general de bienes de las empresas Ausol, GCO y Abertis Infraestructuras, que estuvieron vinculadas a Macri. Hoy Abertis es el principal accionistas de Ausol y GCO. En su momento Sideco (Grupo Macri) fue accionista de Ausol, en simultáneo con Abertis.
“Resulta necesario en esta etapa procesal proceder al dictado de medidas cautelares suficientes a los efectos de impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena pecuniaria”, explicó la UIF en el pedido presentado a la Justicia.
La causa tiene la carátula “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”. El expediente se abrió por la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, quienes afirmaron que el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder, la firma Abertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Según la denuncia, esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión.
La UIF es el el organismo que se encarga de analizar información para prevenir e impedir delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos.
Esta semana, se conoció la decisión de la Cámara Federal porteña que anuló los procesamientos de los ex funcionarios Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse.
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, a raíz de las apelaciones de las defensas. Ahora el juez federal Julian Ercolini, que subroga el juzgado federal 6, deberá decidir si los llama nuevamente para ampliarles las declaraciones indagatorias o si resuelve directamente las situaciones procesales de los ex funcionarios con los descargos hechos por los acusados ante Canicoba Corral.
La Cámara Federal explicó que se decidió anular los procesamientos porque cuando los ex funcionarios fueron indagados, las defensas no tuvieron acceso al expediente. Aunque no estaba bajo secreto, a los acusados se les enumeró “como prueba de cargo la documentación reservada de la causa”, que las defensas no pudieron cotejar. El fallo no anula las indagatorias, pero deja abierta la puerta para que Ercolini los convoque nuevamente.
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