El proyecto del nuevo impuesto a la riqueza siguió sumando rechazos entre los empresarios, que afirmaron que aumentar la carga tributaria cuando el país necesita más inversión solo puede generar consecuencias negativas para la reactivación.
Así lo manifestaron en diálogo con Infobae importantes referentes del sector del campo y la construcción, luego de que el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, manifestara que esta iniciativa debería ser reemplazada por un bono solidario.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, dijo que “cualquier impuesto, se lo llame así o no, es una nueva exacción y me parece que va en contra de lo que necesitamos para encontrar soluciones de fondo, que básicamente pasa por encarar un cambio en la estructura del gasto público, que es muy alto en relación al tamaño de la economía”.
“Ese tamaño del Estado hace que tengamos una presión tributaria creciente, que es récord y, por ese camino, el inversor se desmotiva”, señaló.
Sobre las palabras del presidente de la UIA, dijo que no analizaron una alternativa como las que se aplicaron en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, porque “lo que se necesita es generar trabajo e inversión y eso se logrará solo con menos impuestos y un gasto público que se oriente a mayor competitividad, junto con un contexto de economía abierta”.
“Si seguimos por el mismo camino de siempre, la vaca se va a secar”, advirtió. En este sentido, recordó que la Mesa de Enlace planteó una reforma tributaria progresiva, que baje los derechos de exportaciones y aumente la capacidad del Estado para controlar el cobro del impuesto a las Ganancias.
“Pero no hay avance con el Gobierno; es un diálogo de sordos y sería bueno que lo hubiera ya que se reconoce que es un mal impuesto”, aclaró.
Por su parte, el presidente de la cámara argentina de la construcción, Iván Szczech, dijo que “cualquier impuesto es regresivo para la inversión si se suma a la actual carga tributaria; hay que ver efectivamente si es por una sola vez y si efectivamente es para una asignación específica como se dijo o para cubrir el déficit fiscal del 4,5% del PBI, porque si sigue aumentando el gasto público, obviamente deberán aumentar los impuestos”.
“Si no se simplifican los impuestos y no se amplía la base de contribuyentes formales, naturalmente aumentará la informalidad, en un contexto complicado para el sector, con una alta mortalidad de las empresas”, afirmó.
En tanto, el ex presidente de la cámara, Gustavo Weiss, dijo que “el problema fundamental es que, si uno lo mira desde el punto de vista personal, no parece ilógico que la gente que tiene más dinero haga un aporte; pero, a la vez, esta es otra señal que ahuyenta inversiones”. “Es similar a las señales que se dieron con Vicentin y con el DNU de los servicios públicos”, opinó Weiss.
“Este aporte en el largo plazo es mucho peor que el poco dinero que se pueda recaudar, aunque se haya pensado con fines específicos. Generar nuevos impuestos, aunque sea por única vez, algo que en general tampoco se cumple, es negativo, en lugar de reformar la carga impositiva y laboral”.
“Hay que ser valiente para invertir en la Argentina con esta presión laboral y tributaria y una macroeconomía inestable”, sentenció.
Respecto de la situación del sector de la construcción, dijo que mientras la obra pública vive una grave crisis desde 2018 que se agravó desde marzo, la obra pública está paralizada a partir de las restricciones vigentes y de la baja en el nivel de consumo de la sociedad.
“Desde 2018 en la obra pública perdimos 200 mil puestos de trabajo. Hoy hay algunas obras en ejecución, pero pocas. Y la privada en general está muy caída, con un panorama difícil ya que, por más que el Gobierno insista que la reactivación debe venir de la mano de la construcción, es difícil que esto ocurra por la caída en los ingresos de la gente”, afirmó.
El directivo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Edgardo Phielipp, dijo que “hay un uso abusivo de los impuestos de emergencia que alteran las condiciones de equilibrio de la oferta y la demanda; tanto estos como los tributos permanentes, de los 3 niveles del Estado, desalientan la competitividad que están en la formalidad”.
“La Argentina tiene un nivel de inversión muy bajo y para crecer debería tener más del doble que en la actualidad. Y, para eso, hay que reducir la carga sobre las empresas que tributan siempre”, expresó.
Por su parte, el ejecutivo de una importante cámara empresarial ligada al sector de los servicios agregó en off the récord que “la Argentina y Brasil son los países de la región con mayor presión impositiva sobre el sector formal, así que agregar impuestos solo puede ser perjudicial cuando lo que necesita el Gobierno es fomentar la productividad y la competitividad por medio de una reforma laboral y tributaria que genere incentivos, no desaliente al que quiere invertir”.
La visión jurídica
En tanto, el abogado Walter Keiniger, socio del estudio jurídico Marval O’Farrell & Mairal, dijo que “conceptualmente no está mal que en una situación extraordinaria y de emergencia los que tienen más capacidad de contribuir lo hagan en mayor medida, pero en el caso argentino muchos contribuyentes se quejan porque a la hora de recaudar sienten que solo se caza dentro del zoológico para sostener el alto gasto público”.
“Varios contribuyentes que quedarían alcanzados por este nuevo gravamen entienden que aquellos que se mudaron al exterior y cambiaron su residencia, o aquellos que constituyeron trusts irrevocables, logran que este tipo de medidas no los impacten”, aclaró.
En cuanto a los litigios que puede generar esta iniciativa, dijo que podría generar una ola de demandas “por afectarse varios principios de la tributación: por ejemplo, legalidad ya que, al llamarlo aporte extraordinario, pareciera que se busca su aprobación sin mayorías especiales. Además, el nuevo gravamen podría resultar en una potencial confiscatoriedad, violación de garantía de igualdad, razonabilidad, y capacidad contributiva, entre otras posibles afectaciones”.
La norma fue ampliamente criticada tambien por los contadores y la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la República Argentina; en cambio, por ahora, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires no brindó su opinión al respecto.
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