El Gobierno postergó para la semana próxima la presentación de la oferta del canje con los bonistas

El Gobierno finalmente decidió que presentará los cambios a la oferta la semana próxima ante la Securities & Exchange Commission (SEC), por lo que deberá prorrogar algunos días más el plazo de vigencia de la propuesta para que los acreedores tengan el mínimo exigido de diez días para aceptar o no ingresar al canje.

Fuentes oficiales afirmaron a Infobae que el equipo económico y los abogados de la Argentina –del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton– seguirán trabajando durante todo el fin de semana para cerrar el nuevo prospecto y la intención es presentarlo el martes 18. De ser así, el canje permanecerá abierto hasta el 28 de agosto, la fecha original que tenía prevista el Gobierno, y la liquidación de los nuevos bonos se mantendrá el 4 de septiembre.

La intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, era llegar a presentarlo hoy ante el organismo regulador norteamericano, pero intervienen muchos actores en el armado de la propuesta y ello demoró su concreción, dijeron en el Palacio de Hacienda.

A su vez, el ministro postergó las reuniones virtuales que tenía previstas para hoy con la mesa chica de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y con pequeños empresarios. Los encuentros serán reprogramados para los próximos días, ya que el ministro busca intensificar los contactos con hombres de negocios para percibir de primera mano qué está pasando en la economía real y si realmente están observando signos de reactivación. Además, el objetivo era también dialogar sobre la reestructuración de la deuda y las consecuencias que este acuerdo tendrá de cara a la normalización de la macroeconomía.

Economía ya presentó este jueves ante la SEC el documento 18 K, que actualiza la situación económica, política y social del país. Lleva la firma del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y es un paso necesario para la oficialización de los términos del acuerdo con los acreedores privados para la reestructuración de algo más de USD 65.000 millones de deuda regida por los tribunales de Nueva York.

Entre otros puntos, el texto informa a los inversores respecto de la marcha atrás en el plan oficial para expropiar a la agroindustrial Vicentin. Además, advierte sobre la evolución del déficit fiscal en lo que va del año, al que asocia con las medidas para enfrentar la pandemia.

Cuando presente la enmienda ante el organismo regulador norteamericano, el Poder Ejecutivo publicará también el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que oficializará la nueva oferta y que, además, adecuará la recientemente sancionada ley para reestructurar la deuda en dólares ley local a las nuevas condiciones acordadas con los bonistas extranjeros.

La ley fue aprobada el 5 de agosto, pero en esos días previos el Gobierno había alcanzado finalmente un acuerdo con los tres comités de acreedores con algunas mejoras a la última oferta, por lo que, como las deudas bajo ley extranjera y argentina serán tratadas de forma equitativa, el Gobierno debe modificar lo aprobado ya por el Congreso.

Una vez formalizada la propuesta, los bonistas tendrán entonces diez días –hasta el 28 de agosto– para decidir si aceptan o no ingresar a la operación. Para que el canje sea declarado válido, el Gobierno debe obtener el 66,6% de aceptación de todos los títulos elegibles o el 50% de cada uno de los indentures (los bonos K y los bonos M). En Economía descartan que alcanzarán holgadamente esos números; hablan de una aceptación en torno al 90 por ciento.

Dado este paso, el próximo será avanzar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual la Argentina debe negociar una reestructuración para postergar vencimientos por USD 44.000 millones. Según los cálculos del Gobierno, le pedirán iniciar un nuevo programa a mediados de septiembre, pero la discusión se proyecta larga.

Todavía no está claro si el país pedirá un acuerdo stand by, como el que negoció la gestión de Mauricio Macri, o irá por un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), que es a más largo plazo pero que comúnmente exige mayores compromisos en materia de reformas estructurales. Lo que está claro es que para abril o comienzos de mayo del 2021 la Argentina debe tener un acuerdo cerrado con el Fondo, ya que a fines de mayo debe avanzar con la reestructuración de la deuda con el Club de París, para lo cual tener el paraguas del FMI es condición necesaria.

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