La comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Fente de Todos), aprobó un dictamen dando como válido decreto que deja sin efecto la intervención de la empresa Vicentín dispuesta en junio pasado.
La comisión se reunió a las 11 y comenzó minutos más tarde, a través de una videoconferencia, para analizar el Decreto 636 del 31 de julio que deroga el firmado en junio pasado, el DNU 522 por el que el Poder Ejecutivo había ordenado la intervención de la empresa durante un plazo de 60 días.
Ahora pasarán el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento lo que todos descartan que será rápido y ágil ya que contó con la aprobación del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
El diputado Cleri hizo una exposición en donde señaló los números de la empresa y el estado de situación del trámite. Ahí hizo referencia a que Vicentín cuenta con 27.000 trabajadores, 2700 acreedores y que acumula una deuda certificada de USD 1500 millones las cuales se divide en 33% a bancos internacionales, 33% al Estado y el sistema financiera local y otro 33% a trabajadores y proveedores.
“El valor de la empresa está en un tercio de la deuda acreditada, por lo que sus bienes no cubren la deuda que tiene”, explicó Cleri. “Ahora parece caminar hacia la quiebra”, agregó.
Cleri también señaló que el DNU 636 que deroga el 522 “también da instrucciones de avanzar con todas las causas judiciales para recuperar la deuda que tiene con el Estado”.
El primero en tomar la palabra por la oposición fue el diputado por Juntos por el Cambio Pablo Tonelli que, en su primera internvención señaló que “estamos de acuerdo con la validez del DNU 636″, lo que daría por resuelta la discusión. Sin embargo, el referente de la oposición avanzó sobre los considerando del decreto e hizo referencia al 522 asegurando que “el fin no justifica los medios”.
Tonelli se mostró crítico a que en los considerandos del DNU se hace referencia a la “obstrucción” de la justicia. “El decreto 522 fue una gran equivocación y una gran ilegalidad, el Presidente hizo bien en derogarlo pero no lo hizo con los fundamentos adecuados ya que es deleznable hablar de la obstrucción de la Justicia. El juez sólo hizo uso de sus atribuciones. El Presidente dicta una norma inconstitucional y el juez cuando lo pone en su lugar, el Presidente habla de obstruccionismo”.
Esta participación de Tonelli hizo que se generara un diálogo con el presidente de la comisión, Cleri, en donde cada uno le respondía al otro mientras el titular de la bicameral intentaba darle la palabra a la senadora nacional del Frente de Todos y autora intelectual de la intervención, según el propio Alberto Fernández, Anabel Fernández Sagasti.
Desde la virtualidad Sagasti le pedía a Cleri que le diera la palabra mientras Tonelli no dejaba de hablar y no escuchaba al resto, hasta que el diputado por la oposición dijo: “dígale a la senadora Sagasti que se calle”.
Esos dichos generó que se abrieran varios micrófonos al unísono criticando a Tonelli, por lo que Cleri volvió a tomar la palabra y le señaló a Tonelli que pensó que iba a hacer uso de la palabra “para pedirle disculpas en los modos que se expresó”. Tonelli volvió a abrir el micrófono y dijo “no le voy a pedir disculpas a nadie” lo que generó que el presidente de la Bicameral decidiera cerrar la discusión y continuar con el debate.
Ese entredicho se mostró de otra manera a lo largo de la bicameral ya que cada vez que tomaba la palabra un legislador de la oposición criticaba el impacto que estos decretos iban a tener para la captación de inversiones y, desde el oficialismo, los criticaban sobre las “lluvias de inversiones que nunca llegaron”. Lo mismo sucedía por el rol del juez Fabián Lorenzini a quien el Gobierno acusa de obstruir y la oposición defiende su accionar.
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