Denuncia ante la justicia federal: piden investigar si hubo incitación a la violencia colectiva detrás de los ataques vandálicos al campo

En medio de un escenario de alta preocupación en el mundo agropecuario por la ola de ataques vandálicos, muchos de ellos son a través de la rotura de silobolsas, los diputados de Juntos por el Cambio, Lucila Lehmann y Luciano Bugallo, presentaron hoy una denuncia penal ante el Juzgado Federal 4, Secretaría 2, de la ciudad de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque. De acuerdo a los expresado en el escrito, los diputados sostienen, “desde que ha tomado estado nacional el caso de la intervención de Vicentin, parece que los ataques han ido en escalada contra el sector del campo”.

El objetivo de la denuncia es la apertura de una investigación “ante la posible existencia de los delitos de incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita e instigación a cometer delitos, incentivada por personas o grupos que promueven ataques contra el agro en distintas provincias del país, que a su vez se fueron incrementado desde que el gobierno tomó la decisión de intervenir y expropiar la compañía Vicentin”.

En la denuncia se pide que se investiguen por los presuntos delitos de incitación a la violencia colectiva (art. 212 CP), asociación ilícita (art .210 CP) e instigación a cometer delitos (art. 209 CP), en el marco de los delitos de hurto (art. 162 CP), robo (art. 164 y 167 CP) e incendio de propiedad agropecuaria (art.186 CP). Los diputados, por otro lado, aportaron pruebas respecto de todos los ataques hechos contra los productores, y a su vez se acompaña prueba “respecto de personas y militantes políticos que incentivan ataques”.

La denuncia fue acompañada por los diputados nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Mónica Frade, Mariana Zuvic y Pablo Torello, como así también de senadores provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, Andrés De Leo, Elisa Carca y Carolina Tironi, además de la diputada provincial, Maricel Etchecoin.

Según manifestó en un comunicado, la diputada nacional por Juntos por el Cambio por Santa Fe, Lucila Lehmann, “en la denuncia se aporta prueba respecto de todos los ataques hechos contra los productores y a su vez se acompaña prueba respecto de personas y militantes políticos que incentivan ataques”.

Por su parte, el diputado bonaerense Luciano Bugallo, comentó: “Lo que se persigue con esta denuncia, por un lado es la defensa a ultranza de la propiedad (y de su libre disposición), y de la libertad de trabajo, en este caso específico, de productores trabajadores rurales de todo el país, ya que nos vemos obligados a recurrir a la vía judicial, ante la inacción -para no decir nada mas-de las autoridades pertinentes”.

Y agregó: “Se busca llevar tranquilidad a todo el país, principalmente a los argentinos de las zonas rurales para que, en plena pandemia, no se vea afectada la producción y el abastecimiento de alimentos –actividad esencial– para que se proteja de la fuente de trabajo de miles de familias, que directa o indirectamente viven de las actividades rurales y por ultimo no se vea afectado el ingreso de divisas al país que tanto se necesitan”.

A su vez, Bugallo sostuvo: “Nuestra denuncia pide al juez que investigue la incitación a la violencia y la persecución ideológica detrás de estos ataques. Hebe de Bonafini diciendo que iban a destruir la cosecha de los productores oligarcas de argentina, proyectos de reforma agraria, de junta nacional de granos, expropiación de una empresa agropecuaria, declaraciones en todos los medios. ‘Se buscaba generar una estigmatización del sector productivo que no viene de ahora”.

Trabajo de CRA

Los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizaron un mapa donde están reflejados los distintos actos delictivos que se sufren en cada provincia.

En lo que va del presente año, la inseguridad rural que a diario sufren los productores está demostrada en los siguientes delitos: se registraron asesinatos, rotura de silobolsas, incendios intencionales, robo de maquinaria, de cosecha, de agroquímicos, abigeato y la usurpación de campos. “Los productores agropecuarios también somos ciudadanos merecedores de todos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y la seguridad es uno de ellos”, manifestaron los dirigentes de CRA.

Por citar algunos ejemplos, en Mendoza robaron la cosecha de 8.000 kilos de ajo a un productor. En los 60 casos, aproximadamente y al día de hoy de roturas de silobolsas, de acuerdo a la información proporcionada por el Departamento Económico de CRA, se estima que en total son 5.700 toneladas las que han sido dañadas. Además, en cada intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo, sumado a que alrededor de 870 toneladas quedan sin poder recolectarse nuevamente.

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