El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentó una denuncia penal contra Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería y a otros ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri por cómo se establecieron los contratos para la provisión de gas.
La denuncia apunta contra el proceso de desregulación del precio del gas, que se dio en 2018, con una libre negociación entre las empresas productoras y distribuidoras, algo que —según estiman desde el Enargas— debería haber sido rechazado por los funcionarios que estaban a cargo del organismo en ese momento. Sin embargo, esa situación fue avalada y provocó el traslado de esos precios a las tarifas en abril de ese año.
También fueron denunciados Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos; Mauricio Roitman, ex presidente del Directorio del Enargas y demás integrantes del Ente Regulador. El fundamento es cómo fueron elaboradas las “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes” durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
“La denuncia es totalmente infundada y así lo refutaremos cuando la justicia nos convoque”, indicó este jueves Juan José Aranguren al conocer la información.
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y estima la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.
Este traslado de los precios fijados en dólares a las tarifas se hizo más evidente en octubre de 2018, cuando ante la fuerte devaluación del peso el impacto en las facturas de los usuarios se incrementó. En ese momento, el Gobierno intentó repartir ese aumento en 24 cuotas cuando Aranguren ya había sido reemplazado por el secretario de Energía Javier Iguacel. “Se pretendió que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales”, señalaron desde el Enargas en un comunicado.
Finalmente, esas diferencias no se trasladaron a las facturas y fueron absorbidas por parte del Estado Nacional. “Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación contractual, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas”, señaló Federico Bernal, actual titular del Enargas.
El perjuicio económico calculado por el organismo asciende a USD 561 millones, de los cuales USD 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que USD 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes.
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