El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, utilizó su cuenta de twitter para plantear sus dudas respecto de las consecuencias que tendrá la decisión del Gobierno de intervenir la empresa agroexportadora Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda que ronda los USD 1.350 millones.
“Hace algunos años se habló de Soberanía Energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente, estancamiento económico-social. Ayer se habló de Soberanía Alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos, pero haciéndonos oír y actuando”, enfatizó Lavagna por las redes. Se refería a la estatización de YPF, que ahora se hará cargo de Vicentin a través de su división Agro. “Claramente marca una posición en contra del estatismo y a favor del sector privado”, dijo una fuente cercana al economista.
El también ex candidato a Presidente mantiene con frecuencia reuniones con el jefe de Estado, Alberto Fernández, quien intentó durante largos meses, en plena campaña, que desistiera de su candidatura y aceptara ser su ministro de Economía. Lavagna es una persona de consulta permanente del mandatario; incluso, estuvieron reunidos la semana pasada, antes de que Fernández reciba a los dueños de las principales empresas del país.
Estos tweets aparecen como una forma de marcar posición respecto de la participación del Estado en las empresas y del rol que tiene el sector privado en la economía. Concretamente, si bien Lavagna tiene un vínculo fluido con el Gobierno y apoya muchas de sus decisiones, otras no son compartidas por el ex ministro. Y las quiere hacer notar.
Hace una semana, incluso, publicó otro comentario en twitter respecto de la idea esbozada por la diputada oficialista Fernanda Vallejos sobre la posibilidad de que el Estado se haga cargo de empresas en crisis. “El papel del Estado es esencial como lo demuestra la pandemia. Educación, Salud y Equilibrios Sociales son campos prioritarios para el Estado. No lo es, en cambio, la invasión -como algunos proponen- del campo de la actividad, el ingenio y el esfuerzo de la iniciativa privada”, había escrito Lavagna semanas atrás.
En línea con estas declaraciones, el bloque de Diputados de Consenso Federal emitió un comunicado en el que plantean que no advierten que existan “fundamentos para que las acciones realizadas por el gobierno nacional constituyan una razón de gobierno que ´procure el bien común´”.
“Esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario, que está siendo investigado por la justicia, además de tener su empresa en concurso preventivo. Consideramos que el concurso preventivo establecido en la Ley 24.522 resguarda como ley de orden público las acreencias de todos”, aseguró el bloque integrado por Alejandro “Topo” Rodríguez (presidente), Jorge Sarghini y Graciela Camaño.
A su vez, consideran que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el concurso. “Resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”, enfatizaron los legisladores.
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