Alquileres: furiosos con la oposición y el oficialismo por el freno a la ley, los inquilinos exigen congelar los precios hasta 2021

La oposición bloqueó el tratamiento. Los 9 millones de argentinos que alquilan deberán esperar dos semanas si se trata el proyecto o se cae definitivamente

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(Nicolás Stulberg)
(Nicolás Stulberg)

Con 29 votos negativos por parte de la coalición opositora, el Frente de Todos no pudo conseguir los dos tercios para discutir la ley de alquileres y la de educación a distancia que habían tenido media sanción en Diputados e iban a tratarse hoy en el Senado. Pero la vicepresidenta Cristina Kirchner no pudo avanzar con la sesión especial para darles luz verde definitiva a ambos proyectos.

La ley de alquileres era muy esperada por los nueve millones de inquilinos, quienes señalaron que “por mezquindades políticas, por el juego que sólo juegan unos pocos dentro del Congreso, nos han dejado a millones de inquilinos esperando una semana más para saber si vamos a poder tener, al fin y al cabo, un Congreso que realmente represente nuestros intereses. Siempre supimos que nos enfrentábamos a un poder muy importante. No bajaremos los brazos”, explicó en un comunicado la entidad Inquilinos Agrupados.

“Es importante aclarar, que el gobierno nacional tiene que entender también, que una ley tan sustancial no puede ser tratada con el desprecio que ha sido tratada. Ojalá también el oficialismo entienda la grave situación que atravesamos en materia de vivienda, y actúe en consecuencia”, agrega el comunicado.

(Shuttertock)
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Las asociaciones esperaban poder contar con una legislación propia después de 36 años, ya que a pesar de las modificaciones del Código Civil y Comercial la última fue la Ley 23.901 vigente hasta el 31 de julio de 2015, cuando entró a regir el nuevo Código Civil y Comercial, y esto también implica un cambio en el sistema de actualización de los contratos.

Este es uno de los puntos en discusión. La norma, que ahora habrá que esperar dos semanas para saber si se aprueba o no, establece un nuevo índice de actualización de los valores de los alquileres, pero tomando como referencia en partes iguales las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, dijo que lo que sucedió en el Congreso “demuestra una vez más por qué el conjunto de la clase política está cada vez más desprestigiada. Por un lado, el sector de la oposición, defendiendo los intereses de un sector súper concentrado del mercado inmobiliario. Y, por el otro, la desprolijidad de un oficialismo que ha tratado con una ligereza muy preocupante una ley tan sensible”.

El referente de Inquilinos Agrupados aventuró que los inquilinos “vamos a tener una ley de alquileres porque las asociaciones de inquilinos no nos vamos a rendir, porque estamos cada vez más convencidos de que hay una sola forma de vivir en la Argentina y va a ser dignamente”.

Pedidos

En paralelo al tratamiento de la ley, los inquilinos había avanzado en otra serie de pedidos y que estaban discutiendo con el Gobierno nacional algún tipo de alivio en medio del aislamiento social obligatorio.

infobae

Según publicó el sitio El Ciudadano, hace apenas un mes atrás la Federación de Inquilinos Nacional tuvo una reunión virtual con la ministra de Hábitat nacional, María Eugenia Bielsa, en la que hicieron propuestas de cara a afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

Sin medias tintas, la entidad que representa a nueve millones de inquilinos le pidió a la ministra rosarina que el Estado se haga carga del pago de deudas de alquileres generadas durante el aislamiento social obligatorio en el que no logren generar ingresos.

El segundo pedido fue que sea tratada la ley que hoy se topó con la negativa de la oposición y, por último, solicitaron que se extienda por los próximos dos años el Decreto 320, que determinó el congelamiento de los valores de los alquileres hasta el 30 de septiembre, la suspensión de los desalojos, la prórroga de los contratos, el pago a través de medios electrónicos, entre otras medidas.

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