El gobierno de Alberto Fernández decidió que pagará en tiempo y forma todos los vencimientos de deuda en pesos, sin someterlos a nuevos reperfilamientos o prórrogas, como anunció hace una semana para los vencimientos de bonos en moneda extranjera bajo legislación argentina, señaló a Infobae una calificadísima fuente oficial. Además, el ministerio de Economía presentará en las próximas semanas su propuesta para restructurar USD 68.842 millones de deuda en moneda extranjera sometida a legislación internacional.
El cronograma fijado inicialmente por la cartera conducida por Martín Guzmán establecía que el proceso de restructuración de la deuda externa bajo legislación internacional estaría concluido el 31 de marzo. Ese objetivo no pudo cumplirse, entre otras cosas por la profunda alteración de la economía local y la economía mundial debido a la pandemia de coronavirus, pero la decisión de Economía es avanzar y concluir el proceso de restructuración lo más cerca posible del plan original.
En tanto, la decisión de pagar todos los vencimientos en pesos, refinanciando de modo voluntario la mayor parte que sea posible, pero sin meter ruido entre los tenedores de bonos en pesos, tiene que ver con la percepción de que por un buen tiempo la Argentina dependerá casi exclusivamente para su financiamiento de las fuentes locales, en un contexto que seguirá siendo de severos controles cambiarios y a los movimientos de capital.
Decisión de peso
No se trata de una decisión menor.
En 2020, entre capital e intereses vencen bonos en pesos por aproximadamente 900.000 millones, entre capital e intereses, y otros 650.000 millones de 2021 en adelante. Se trata de emisiones ajustadas fundamentalmente por tasa Badlar (aquella que los bancos pagan a los grandes depositantes) o CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que sigue la inflación).
El gráfico adjunto, elaborado por la Fundación Capital, identifica los principales vencimientos para el resto de 2020. El más inmediato es un vencimiento de Boncer y Lecap por 47.040 millones el próximo 28 de abril. De todos modos, fuentes del mercado estimaron que 85% de este bono está en manos del propio gobierno, fundamentalmente a través de la Anses.
Luego, los principales vencimientos del año son el 21 de junio, al nacer el invierno, cuando el Tesoro deberá pagar (o refinanciar) 148.417 millones del bono Botapo, o “Bono del Tesoro a Tasa de Política Monetaria” emitido en 2018, durante la gestión de Nicolás Dujovne en el ministerio de Hacienda y Luis Caputo en el de Finanzas. Esa es la magnitud del vencimiento de capital. El Botapo genera, además, intereses trimestrales que se pagan los 21 de marzo, junio, septiembre y diciembre.
El otro megavencimiento está agendado para el 11 de noviembre, cuando el Tesoro debe afrontar el vencimiento de 167.154 millones de pesos del Bote, otro bono emitido en 2018 y cuyos vencimientos se estiran hasta 2026.
Otro vencimiento relativamente importante es el del Boncer: 55.721 millones de pesos, el 18 de septiembre en vísperas de la primavera, aunque la cifra podría variar en función de un canje por una canasta de nuevos instrumentos ofrecidos por Economía a través de una licitación cuyo resultado se conocerá este martes.
El domingo pasado por la noche el gobierno dispuso postergar el pago de una serie de bonos en dólares bajo ley argentina hasta el año próximo, por un valor aproximado a los USD 10.000 millones, decisión que fue considerada un default selectivo por algunos acreedores. Básicamente, son los títulos Bonar y Discount. Antes de ese anuncio, Guzmán había dicho que los títulos bajo ley argentina tendrían igual tratamiento que los de ley extranjera. Luego cambió de postura, en lo que fue interpretado por algunos analistas de mercado como una señal de que Economía prioriza lograr un acuerdo con los acreedores cuyos títulos fueron emitidos bajo ley Nueva York.
Pero las cosas no son tan lineales, pues algunos importantes fondos extranjeros, de peso en la pendiente restructuración de deuda externa, también son tenedores de títulos bajo ley local.
La decisión de Guzmán de ir adelante con la restructuración de los 68.842 millones bajo ley extranjera, como lo autorizó el presidente Alberto Fernández, también desaira a un grupo de acreedores que habían sugerido al gobierno que, en un contexto tan volátil como el actual, lo aconsejable era una postergación acordad por seis meses de los vencimientos bajo ley extranjera.
Por lo que se ve, el ministro está apurado por cumplir las tareas que se impuso.
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