Los comerciantes le pidieron medidas paliativas al Gobierno para poder enfrentar el pago de impuestos y deudas bancarias

Ante las cada vez más restrictivas medidas que se están tomando desde los gobiernos nacional, provinciales y municipales para frenar la propagación del coronavirus, los comerciantes sufren una fuerte caída en las ventas y ya están advirtiendo que no podrán hacer frente a sus obligaciones, como el pago de sueldos y el pago de impuestos. Además, aseguran que comenzó a cortarse la cadena de pagos.

Así lo advirtió la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en una carta enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y difundida recientemente. “Nos dirigimos a usted para manifestarle la muy difícil situación que atraviesa el sector representado por la Entidad en la coyuntura actual, signada por la pandemia de coronavirus; y solicitarle que tenga a bien considerar la adopción de nuevas medidas paliativas”, comienza la misiva.

La entidad que preside Jorge Di Fiori remarcó que valora los anuncios realizados el martes pasado, que incluyen la ampliación del Programa de Recuperación Productiva y líneas de créditos blandos, entre otras, pero también señaló que, en las últimas horas, cámaras asociadas del interior del país les transmitieron la “gravísima situación que enfrentan numerosas empresas del sector”.

“El desplome de la demanda y las múltiples restricciones que se han impuesto (cierre de locales, limitaciones a su funcionamiento, restricciones al tránsito entre provincias, entre muchos otros) las han puesto en una situación muy difícil. Múltiples empresas no se encuentran en condiciones de cumplir con sus obligaciones más básicas, como ser abonar las remuneraciones a su personal, pagar los alquileres u honrar sus créditos. Se está produciendo un severo proceso de corte de la cadena de pagos que el financiamiento anunciado no va a resolver en lo inmediato”, advirtió la CAC en la carta.

Agregó que “las entidades financieras y el Estado, en materia tributaria y previsional, continúan con la aplicación de las regulaciones y normas en vigencia, como si no ocurriera el tremendo escenario” actual, por lo que “es imprescindible y urgente la adopción de las medidas propuestas y todas las que resulten necesarias para preservar las empresas formalmente constituidas y el empleo registrado, así como el nivel de actividad que se pueda mantener".

A su vez, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron las medidas adoptadas esta semana, pero también insistieron en la necesidad de que el Gobierno adopte otras complementarias, ante la gravedad de la situación para muchas empresas.

Algunas de las sugeridas por la institución son las siguientes:

-Flexibilizar los efectos del contrato de trabajo para quienes no puedan trabajar desde su casa.

-Eximir del pago de las cuotas del monotributo y autónomos durante los meses de abril, mayo y junio.

-Excluir a las pymes del Decreto que determina la doble indemnización.

-Gestionar, mediante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que la ART asuma tanto las licencias de los trabajadores determinadas por Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, así como la de los trabajadores que deban cumplir la cuarentena ante el cierre de la pyme por la posible situación de un caso portador de COVID-19.

-Postergarles por 90 días a las pymes el pago de todas las deudas con entidades financieras.

-Congelar durante 90 días los intereses financieros de los atrasos que tienen las empresas.

-Generar líneas de créditos de interés nulo y de otorgamiento automático para empresas o comercios que deban cerrar por cuarentena forzosa, con el fin de hacer frente al pago de salarios.

-Suspender el impuesto a los créditos y débitos bancarios para favorecer las transacciones sin contacto.

-Eximir a las empresas en crisis del pago de ganancias, IVA y contribuciones patronales durante el período que rija la medida de emergencia.

-Congelar los alquileres comerciales a enero 2020 y prorrogar el vencimiento contractual en forma automática a pedido del locatario.

-Eximir por 60 días del pago de luz, gas y agua a las empresas afectadas.

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