
Hay pocas cosas en la vida que son inevitables: la muerte, los impuestos y que Argentina siempre pierde sus juicios internacionales. Pruebas no son difíciles de encontrar, especialmente cuando la cuestionable interpretación argentina del derecho internacional ha demostrado ser muy costosa para los contribuyentes.
Una y otra vez, los diferentes gobiernos han ignorado los acuerdos firmados con los acreedores y con las corporaciones multinacionales que, a su vez, han presentado numerosas demandas para recuperar las pérdidas financieras y el capital de los bonos que han caído en default.
Según una presentación del gobierno ante la SEC norteamericana en 2019, la República Argentina actualmente tiene juicios internacionales por USD 8.500 millones que continúan creciendo día a día. Aunque el país pudo cerrar un puñado de casos en 2019, los nuevos reclamos y pagos de intereses sobre disputas sin resolver continúan acumulándose.
En los últimos 10 años, la Argentina ha pagado USD 15.800 millones en compensación a los acreedores (holdouts) de deuda en mora y a las multinacionales cuyas inversiones fueron expropiadas o sus contratos rescindidos por el gobierno. Estas sentencias se pagaron con bonos denominados en dólares sujetos a Ley de Nueva York y a Ley argentina, o con efectivo recaudado con la emisión de nuevos títulos de deuda.
Hoy, Argentina tiene 56 casos abiertos relacionados con bonos en default por USD 440 millones en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, 13 casos en el CIADI por un total de USD 2.100 millones, 6 casos en los tribunales comerciales de las Naciones Unidas por USD 403 millones y 4 casos también en Nueva York por USD 525 millones en relación con los conocidos Cupón PIB. En estos últimos cuatro casos, Argentina recibió un fallo favorable a principios de este año, pero la jueza permitió que los cuatro fondos, incluido Aurelius Capital Master, volvieran a presentar una enmienda modificada el próximo 6 de marzo.
Mientras exista un solo acreedor descontento o una empresa propietaria de un contrato en disputa que continúe enfrentando a Argentina en un tribunal internacional, la probabilidad de que un juez se ponga del lado del demandante aumenta. Argentina rara vez gana sus juicios internacionales y es hora de que la deuda soberana y los litigios internacionales converjan, y se incluyan en la próxima reestructuración.
La única verdad es la realidad
Es necesario hacer entender que la Argentina no tiene fondos pagar los próximos fallos adversos y no puede emitir nuevos bonos para pagarlos. Cuanto más tiempo desobedezca una orden judicial al postergar el pago de un fallo, mayor será el daño que el país enfrentará en el ámbito internacional. Es importante recordar los problemas que enfrentó Argentina en 2014 cuando el ex juez Thomas Griesa impidió que Argentina pagara a sus acreedores debido a una serie de medidas cautelares tras la decisión de Argentina de ignorar las decisiones del juez. ¿Queremos revivir esta historia?
Es hora de que Argentina reduzca su riesgo legal al mínimo admitiendo que sus decisiones anteriores ya le han costado a los contribuyentes más de USD 15.000 millones, y llegar a la conclusión que el aumento de los costos de seguir litigando en el exterior con una probabilidad muy baja de éxito, hará más daño que bien.
¿Cómo se reestructura un juicio?
Entonces, ¿cómo puede Argentina reestructurar sus juicios internacionales? Si bien el proceso no es simple y conlleva cierto grado de complejidad, posiblemente pueda imitar la próxima propuesta de reestructuración de deuda soberana.
Las características de los juicios no son tan diferentes de lo que sabemos sobre su deuda. Miremos bien de cerca. Los juicios representan un contrato incumplido (Clase de Bono), están sujetos a múltiples jurisdicciones (Ley Aplicable), en poder de numerosos beneficiarios (Tipo de Acreedor), con diferentes cláusulas de penalización (Pago de Intereses), en su mayoría denominados en dólares (Moneda de Emisión) y actualmente en diferentes etapas de litigio (Vencimiento).
La próxima propuesta de reestructuración del país para los fondos acreedores, probablemente agrupará todos los bonos en varias “clases” previamente definidas, principalmente en línea con las características mencionadas anteriormente. Esto permitirá al Gobierno ofrecer una propuesta que sea justa para los diferentes tipos de bonos que busca reestructurar. ¿Por qué no entonces agrupar todos los juicios bajo diferentes clases y ofrecer a los demandantes o partes interesadas el mismo tipo de tratamiento que recibirán los tenedores de bonos?

Ya sabemos que los bancos han presentado recientemente sus propuestas de reestructuración al gobierno argentino y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, pronto hará algún tipo de anuncio. Quizás, algunas de estas propuestas incluyen casos internacionales, especialmente aquellos relacionados con litigios en curso, como los Cupón PBI.
Sin embargo, sería una buena señal si el Gobierno solicita a los bancos que vuelvan a presentar sus propuestas e incluyan un plan para reestructurar los procedimientos legales internacionales. Nuestra interpretación del derecho internacional ya ha causado mucho daño y es hora de poner fin a años de problemas legales en el extranjero.
El autor es Fixed Income Research de Research for Traders
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