El Gobierno apunta a la reactivación interna, prendiendo los dos motores que dispone. En concreto, política fiscal y monetaria expansivas en un contexto de cepo cambiario duro, y controles de precios que bajaron la inflación en diciembre y enero -y que en febrero apuntaría a ser menor a 2% mensual-.
Si nos concentramos en lo fiscal, y en contraposición a lo que el mercado podría llegar a anticipar por las medidas ortodoxas tomadas -aumento de impuestos y la suspensión de la movilidad jubilatoria- al comienzo del nuevo Gobierno, no está demostrando ser muy austero. De hecho, el resultado de enero marcó un deterioro en las cuentas fiscales, generando un déficit primario por $3.800 millones -el primero en un enero desde 2007-. Los ingresos crecieron 40% interanual, en tanto que los egresos lo hicieron al 51% -rompiéndose así una corriente de 2 años, donde el ritmo de los ingresos superó al de los egresos, permitiendo una reducción del déficit fiscal-.
El incremento de las erogaciones se puede dividir en dos grandes grupos. Los que definimos como inelásticos -prestaciones sociales- que crecieron a un 62%, o un 5% en términos reales, y que reflejan la política de “ponerle pesos a la gente de menores recursos”. A la vez, que los gastos elásticos (gastos de funcionamiento, subsidios a las tarifas, transferencias a Provincias, y déficit empresas Publicas y gastos de capital) solo crecieron un 32%, cayendo en términos reales un 14 por ciento.
En términos prácticos, el Gobierno se gastó la estacionalidad de la recaudación de seguridad social estimada en el orden de unos $41 mil millones adicionales. Esto básicamente por el incremento en las Prestaciones de Seguridad (gastos inelásticos) de $38 mil millones, prevaleciendo las jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas (aumentos de suma fija $5.000 a 4,5 millones de jubilados y pensionados (gasto transitorio) por $20.000 millones, y otros $18.000 millones por los nuevos programas sociales (tarjeta Alimentar y otros) como un gasto permanente.
¿Cuál sería la política fiscal a la luz de los acreedores?
Claramente, el Gobierno en el corto plazo busca la reactivación, prefiriendo “crecer” que ser “mejor deudor”, y por lo tanto, no elegir un proceso -más largo- de certidumbre. Consecuentemente, este “sesgo” fiscal “debería llevar” hacia una propuesta menos amigable para los acreedores, por lo menos durante el proceso de restructuración -entendiéndose como una definición política de poca austeridad en el corto plazo-.
Igual es claro que este sesgo de corto plazo podría ser diferente tras la restructuración, debido a que la falta de financiamiento externo y el escaso en pesos del mercado local, aunado a un límite en la asistencia monetaria del BCRA, tendría que conducir de “forma obligada” hacia mayores superávits primarios a los fines –de existir- una búsqueda de caída de la inflación. Esto último entendido como un insumo necesario para una reactivación interna más permanente.
Mientras tanto, habrá que esperar otro mes para ver señales positivas fiscales. Y esto se basa en los números que nos dejó la recaudación de febrero. Esta creció 43% interanual, a una tasa por debajo de inflación, que se estima en un 50%. A la vez, que los recursos vinculados a la actividad también operaron por debajo del promedio de alza de los precios, marcando que la economía sigue estabilizada. En otras palabras, no marcando ni mejora ni desmejora.
De esta forma, los recursos que recibe el Gobierno habrían aumentado (estimación) en el orden del 29% interanual, con gastos que estarían creciendo en el orden del 34 a 38% anual. Ambos por debajo de enero, y de ahí la premura en aumentar las retenciones.
Ello significaría que, por segundo mes consecutivo, los ingresos habrían crecido menos que los egresos, y que el resultado primario operaría entre un déficit primario de hasta $20.000 millones.
El autor es Economista en jefe de PPI
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