
Luego de que el Gobierno oficializara el aumento de 30 a 33% del derecho de exportación para la soja y sus subproductos, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) salió a pedir al Gobierno que revise la medida y reclamaron que se aplique un “tratamiento impositivo igualitario” con el resto de las industrias del sector. De esta forma, solicitaron que se aplique una tasa diferenciada al impuesto a la exportación de harina y aceite de soja, a diferencia de un aumento generalizado para todo el complejo sojero.
“El Decreto 230/2020 eleva las alícuotas de derechos no solo para la soja sino también para la harina y el aceite de soja castigando, a través de un impuesto al valor agregado de exportación, la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados”, expresaron a través de un comunicado.
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En el texto, advirtieron que el Gobierno estableció derechos de exportación inferiores para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros. “Es por ello que proponemos que el gobierno aplique un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país. CIARA entiende que el gobierno está enfrentando el desafío de lograr una deuda externa sostenible, pero estamos convencidos que se debe hacer con una lógica de construcción y defensa de la industria nacional”, agregaron.
Según los productores agrupados en la cámara, con la aplicación de la medida, los países competidores podrán desplazar a la Argentina de mercados compradores, instalar fábricas de molienda en otros países y se profundizarán las exportaciones de poroto de soja sin procesar.
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Así, destacaron el proceso de “primarización de la soja” —la venta como poroto sin procesamiento al exterior— creció al el año pasado un 140%, de acuerdo con los datos del Indec. Este proceso, señalaron, atenta contra el desarrollo del empleo, la industrialización en el país y deprime los precios locales a los productores. Entre las consecuencias de la reducción de la exportación de productos con mayor valor agregado señalaron la disminución el ingreso de divisas.
Actualmente, la industria tiene una capacidad ociosa del 43%. “Esa inequidad tributaria, instaurada hace dos años tras décadas de promover la industrialización en la Argentina, perjudica la diversificación de exportaciones a más de 60 mercados, la posibilidad de entrega anualizada de soja por parte de los productores, criterios más flexibles de calidad y precio a favor de los agricultores locales, la valoración internacional de la calidad de los productos industrializados argentinos, la fidelización de compradores en el mundo, y la preponderancia del país como primer exportador de harinas proteicas y aceites de modo confiable y permanente”, indicaron en un texto difundido este jueves.
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Con todo, desde CIARA instaron al Gobierno a “revisar esta medida” para “defender una industria nacional que busca aumentar exportaciones, diversificar mercados, expandir inversiones y proteger el empleo calificado”. La cámara consideró que el desarrollo sostenible del país debe estar basado en un plan de expansión agroindustrial exportador y que su intención, desde ahora, es trabajar sobre este tema con el Gobierno nacional.
Por medio del decreto 230/2020, el Gobierno oficializó la suba del 30% al 33% de las retenciones a las exportaciones de soja y sus subproductos. Se trata del segundo ajuste que el Poder Ejecutivo aplica a este cultivo: en diciembre, aumentó de 24,7% a 30% las retenciones a la soja, entre otros productos.
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La posibilidad de aumentar retenciones fue autorizada por el Congreso con la sanción de la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Más allá de los derechos de exportación a la soja, el Ministerio de Agricultura informó que las retenciones a arvejas, porotos, garbanzos y lentejas bajaban de 9 a 5%. El maní de hacía lo mismo, de 12 a 7%; la harina de trigo de 9 a 7% y el girasol de 12 a 7% (en girasol confitero y aceite de girasol de 12 a 5%).
En tanto, el maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, del 9% ahora pagará 5%; el arroz paddy, del 12% al 6% y el arroz pulido, de 9 a 5%.
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Para el Gobierno, según el decreto publicado en el Boletín Oficial, “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales, que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”.
Además, en el texto se consideró como “imprescindible” mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria.
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