Una vez más, la Argentina se enfrentará a su pasado, en otro capítulo de la extensa saga de defaults de la deuda soberana.
En las últimas cuatro décadas, el país estuvo más tiempo sin pagar su deuda que en situación regular: entre 1982 y 1992 no pagó, al igual que entre 2002 y 2016.
Pasaron desde entonces por el poder los presidentes Reynaldo Bignone (último mandatario de la dictadura), Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Por lo tanto, sólo pagó desde el Plan Brady en 1993 hasta la explosión de la convertibilidad a fines del 2001 y entre 2016 y fines del año pasado, cuando el gobierno de Macri también postergó de hecho las obligaciones con los acreedores privados.
Ahora, el gobierno de Alberto Fernández renegociará la deuda en condiciones más favorables que en el pasado, pero para tener éxito debe presentar un programa económico consistente e integral, y mantener el apoyo de Estados Unidos que cosechó en el pasado.
Martín Vauthier, de la consultora Eco GO, dijo que “la Argentina hoy tiene un margen mucho mayor para encarar una reestructuración que en episodios previos; el contexto internacional es más benigno que en los 90, con tasas de interés que se mantienen en niveles muy bajos tanto en economías desarrolladas como emergentes”.
Además, destacó que el país “no afrontó una crisis terminal con serios problemas de solvencia como en 2001, ni debe negociar en el marco de un default ya operado, como ocurrió a partir de 2005”, cuando se lanzó el primer canje para salir del default.
Aquella operación logró una adhesión del 76% y dejó el mayor número de holdouts de las reestructuraciones soberanas de la historia moderna. Tuvo que repetirse en 2010, cuando la adhesión se estiró hasta el 93% y recién en 2016, previo paso de otro default en 2014, pudo comenzar a normalizar su situación externa.
La luna de miel con el mercado duró muy pero muy poco: en 2018 el gobierno de Mauricio Macri tuvo que apelar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (el último lo había firmado Néstor Kirchner en 2003) para no caer en default.
Según Vauthier, “con niveles de deuda a PBI que lucen manejables, la Argentina atraviesa una crisis de balanza de pagos, un desplome en la credibilidad y una situación de iliquidez con un mercado que bajó el pulgar en 2018”.
“El margen de maniobra sigue siendo amplio, pero las demoras no ayudan y se requiere necesariamente un programa integral, del cual la renegociación de la deuda es parte, que estabilice la macro de corto y brinde certidumbres para que el país pueda retomar el crecimiento en base a inversión y exportaciones”, expresó.
El joven economista consideró que Estados Unidos, que apoyó en forma incondicional al gobierno anterior, podría renovar este respaldo si el gobierno mantiene los gestos de política exterior de las últimas semanas.
“En la medida que se mantengan relaciones positivas con Estados Unidos y en el marco del conflicto geopolítico con China, es esperable que colabore y no obstaculice la renegociación de la deuda”, concluyó.
Al mismo tiempo, advirtió que si el Gobierno propone en marzo una oferta muy agresiva a los mercados, “requerirá un programa económico muy consistente que permita compensar con una baja en la tasa de salida y una mejora en el precio de los bonos nuevos”.
En cambio, Sebastián Maril de Fin.Guru dijo que “la inminente reestructuración de la deuda soberana argentina es uno de los procesos más complejos que los mercados de capitales internacionales podrían enfrentar en su larga historia”.
“El Gobierno nacional, a lo largo de las últimas dos décadas, ha emitido bonos por USD 20.000 millones, que fueron colocados en múltiples monedas, sujetos a numerosas jurisdicciones nacionales e internacionales y con diferentes cláusulas colectivas”, acotó.
Maril aclaró que seguramente habrá nuevas batallas en los tribunales extranjeros. “Siempre vamos a ver algún fondo con grandes espaldas que no aceptará los términos y condiciones de la nueva deuda y optará por litigar. Habrá nuevos litigios; la cantidad depende de cuál sea la oferta del Gobierno”, indicó. En este sentido, opinó, será clave que el mercado mejore su percepción luego de los primeros pasos que dio el ministro Martín Guzman.
“Wall Street no está satisfecho con este primer mes de accionar del Gobierno por el tema deuda y el desayuno del Ministro Guzmán en Nueva York, decepcionó”, dijo Maril.
En tanto, Fernando Baer de Quantum advirtió que “este tipo de negociaciones siempre son complejas, pero en términos relativos la cantidad de bonos es menor que en otras experiencias, y el número de acreedores esta atomizado, pero no tanto como en la reestructuración de 2005-2010”. En principio, casi no hay tenedores minoristas, que aceptaron la oferta planteada por el gobierno de Macri en su inmensa mayoría.
De todos modos, aclaró que “lo que luce peor que en 2005 y mejor que en la de la década del 80 es el punto de partida de la economía, con severas restricciones, sin posibilidad de mostrar estrategia de crecimiento e inflación elevada, que limita los grados de libertad para emprender reformas y lograr consensos”.
“Una reestructuración relativamente exitosa revaloriza empresas y les permitiría seguir girando sus negocios de manera más normal, incluyendo acceso a financiamiento y costos. En la región, la Argentina está quedando bastante aislada, y hace equilibrios en mostrarse equidistante respecto de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Por momentos con tensiones con Estados Unidos y por momentos una mejor relación. La racionalidad indica que bajo términos razonables, todos ganan resolviendo el problema de la deuda”, expresó.
De todos modos el escepticismo de los analistas e inversores va más allá de este episodio puntual.
Con una historia de problemas para pagar su deuda que nació casi en el mismo momento de la independencia del país, la pregunta de muchos inversores y analistas no es cómo superará la Argentina esta nueva crisis externa, sino cuándo será la próxima.
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