Los bonistas de la Provincia de Buenos Aires creen que la decisión del gobierno de Axel Kicillof de no pagar en término el bono que vence el 26 de este mes no tiene lógica económica y aclaran que pedirán el default cuando se cumplan los 10 días de gracia.
Una fuente del mercado ligada a los acreedores de la principal provincia del país indicó a Infobae que “no tiene ningún sentido caer en un default por menos de 250 millones de dólares, sobre todo cuando la Provincia tiene los pesos para comprar esos dólares”.
La fuente advirtió que los tenedores del bono BP 21 esperarán los 10 días estipulados en el contrato de los bonos luego del vencimiento del 26 de este mes (por USD 248 millones) y luego pedirán la “aceleración” del pago, lo que significa lisa y llanamente un default.
Respecto de la posibilidad de que el gobierno de Kicillof consiga el 75% necesario para cambiar las condiciones del contrato del bono (por la cláusula de acción colectiva que tiene), la fuente expresó su escepticismo, por la atomización que hay entre los acreedores. El principal tenedor de este título emitido por el gobernador Daniel Scioli bajo ley de Nueva York es el fondo de inversión Fidelity.
“O están muy seguros de que llegan a 75 por ciento para aplazar el pago y por eso sacaron esta cláusula para cambiar el plazo del pago con una solicitud de consentimiento, o están mal asesorados y se la juegan a todo o nada. En cualquier caso, es realmente ilógico”, expresó.
Otra fuente que tiene un excelente diálogo con la administración Kicillof aseguró que a fines de la semana pasada el gobernador ya había decidido que reestructuraría este bono en forma unilateral, pese a que algunos acreedores le pedían una negociación para no tener que llegar a un default.
Kicillof, que ya provocó el último default de la Argentina, en 2014, ahora se negó en forma rotunda a negociar y dijo que esperaría a ver qué hará el gobierno nacional con la deuda que debe reestructurar. Cuando fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, desechó la propuesta del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, de llegar a un acuerdo que hubiera resultado bastante más barato para el país que el debió negociar el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
“La provincia desde diciembre le viene diciendo a los acreedores que no tiene la plata para pagar y que buscaba un acuerdo para renegociar la deuda. Pero este es un escenario diferente en el que dice que no va a pagar sin consultarlos, para ganar tiempo mientras observa qué hace la Nación”, explicó esta fuente.
De ahí la idea de algunos analistas de que hay cierta “coordinación” entre ambos gobiernos frente a los acreedores privados. La pregunta de un calificado analista del mercado es si un “evento crediticio” de la provincia de Buenos Aires no puede complicar los planes de recuperación de la economía que tenía en mente el gobierno nacional.
“Lo que haga la provincia de Buenos Aires siempre es una señal clara de lo que puede pasar con la deuda nacional”, señaló este ejecutivo de un importante fondo de inversión de Nueva York.
Más tajante, Alberto Bernal, dijo a Infobae desde Estados Unidos: “Si la provincia no paga y va a un default, se complicará la situación de toda la deuda y estaremos contando los días hasta que la Argentina enfrente una nueva crisis cambiaria, porque lo que pase en Buenos Aires, repercutirá en toda la economía del país".
“Puedo entender la lógica del gobierno bonaerense, pero no hay tiempo para este tipo de jugadas. Si la idea era plantear una negociación de buena fe, ¿por qué pateó el tablero?”, expresó el jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities LLC.
Cabe recordar que en 2001 la crisis económica bonaerense antecedió al default declarado por el gobierno nacional a fin de aquel crítico año.
El problema que observan todos los analistas es que hasta ahora el equipo que lidera el ministro Martín Guzmán no ha dado ninguna señal de entablar una negociación con los acreedores privados.

La explicación menos benigna de esta demora es que los funcionarios encargados del tema de la deuda todavía no han cobrado dimensión cabal de cómo negociar, en un proceso que debería cerrarse rápido si el Gobierno quiere volver a emitir deuda para que la economía vuelva a crecer. Sobre todo, cuando el BCRA cree que no hay reservas para pagar la deuda más allá de fines de marzo próximo.
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