Los acreedores de la Argentina llegan al país con una propuesta que busca bajar el costo de la renegociación de la deuda

Un importante grupo de acreedores llegará a la Argentina antes de fin de mes para negociar con el Ministerio de Economía una propuesta que busca una salida “rápida, comprensiva” y que evite la intermediación de los bancos internacionales.

Así lo señalaron a Infobae fuentes ligadas al Comité de Acreedores que se formó en Nueva York, que ratificaron que prevén un rápido y buen acuerdo con la Argentina para evitar un default total.

El viaje se dará luego de que el equipo económico termine de recibir las propuestas de bancos de Estados Unidos y Europa y de una serie de firmas que pretenden actuar como asesoras. Se trata, en este último caso, del rol que cumplió Lazard en el diseño del canje del 2005 y que ahora podrían cumplir compañías como Newstate, Guggenheim, PJT y Rothschild, entre otras.

Para llegar a un acuerdo rápido y que resulte atractivo tanto para sus propios intereses como para los del Gobierno, los acreedores le plantearán al ministro Martín Guzmán y a su equipo un mecanismo que se utilizó, entre otros casos, en el canje de la deuda de Ucrania del 2015.

Se trata del “Solicitud de Consentimiento” (Consent solicitation), que consiste en buscar el voto de los acreedores con bonos argentinos para que acepten cambiar los términos de esos títulos, respetando las mayorías contempladas en cada serie por la existencia de las cláusulas de acción colectiva (CACs).

Según los acreedores, esta opción sería más barata que un canje o un intercambio de bonos como el que realizó la Argentina en 2005.

“Si bien el resultado puede ser el mismo, los costos para ambas partes son muchísimo más bajos en el caso de un voto simple que en el de una operación de mercado dirigida por bancos globales. Como asesores de los deudores soberanos, tratamos de proponer la vía del consentimiento en vez del swap cuando legalmente es posible. Y, en la Argentina, los fideicomisos participantes permiten esa herramienta", explicó la fuente.

Cabe recordar que el Comité de Acreedores ya designó también a sus representantes legales (entre los que figura el estudio Nicholson & Cano de la Argentina, con el ex funcionario del gobierno de Cambiemos Eugenio Bruno como coordinador) y al banco UBS para diseñar su estrategia.

Claro está que posiblemente los bancos desaconsejarán esta alternativa, dado que los dejaría afuera de la operación de reestructuración y posiblemente el Gobierno los necesite cuando tenga que salir al mercado luego de cerrar un acuerdo.

En el caso de Ucrania, el fondo de inversión Franklin Templeton tenía en 45% de la deuda externa de ese país y, con otros acreedores, aceptó una quita del 20% luego de una dura negociación con ese gobierno. “Y el costo fue bastante menor que en la operación argentina, en la que participaron los bancos”, aclaró la fuente.

Habrá que ver qué sugerencia aporta el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, según su sigla en inglés), que reúne tanto a los bancos como a los fondos de inversión y de cobertura.

Más allá de la forma que adopte la negociación, otra fuente del sistema financiero indicó a Infobae desde Washington que “el Gobierno ha dado muy buenas señales al asegurarse más recursos fiscales para pagar la deuda tanto a los bonistas como al FMI, con la posibilidad inclusive de cumplir con los términos actuales del programa con el Fondo”.

La fuente, perteneciente a una influyente institución, sostuvo que tanto el aumento de impuestos como la habilitación para que el Gobierno utilice las reservas del Banco Central para pagar la deuda, descomprimieron el clima con los acreedores privados y con el staff del Fondo, que estaría dispuesto a renegociar el acuerdo firmado por Mauricio Macri en 2018 por otro más largo.

Del lado del gasto, dijo que desindexar las jubilaciones también fue “un buen paso”, aunque habrá que ver cómo se define la nueva fórmula de ajuste, que el presidente Alberto Fernández prometió presentar a mitad de este año. También, puso en duda el efecto reactivador del paquete fiscal votado por el Congreso, dado que incrementará la presión sobre sectores que ya tenían una alta carga tributaria.

Además, advirtió que el control de capitales aplicado en los últimos meses logró estabilizar el mercado en el corto plazo, pero, como lo demostraron las experiencias previas en la Argentina, no estimula el crecimiento económico y, por lo tanto, debería relajarse parcialmente luego del acuerdo de la deuda". Si se mantuviera durante mucho tiempo, luego sería complicado salir, como ocurrió en la transición entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Macri, recordó.

Cambios en Economía

Por otro lado, con la designación de Lisandro Cleri a cargo de la que incluye a la Unidad de Reestructuración de la Deuda en moneda extranjera, con rango de Subsecretaría, queda sin efecto formal el comité de asesores que integraban el economista Daniel Marx (quien seguirá asesorando informalmente sobre este tema al Gobierno), Adrián Cosentino -designado como titular de la Comisión Nacional de Valores- y Sergio Chodos, que representará al Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cleri trabajará con otros funcionarios en la cuestión de la deuda, como el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, además de Ramiro Tosi y Rosana Bebén. Además, se formó una Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI, a cargo del economista Emiliano Libman, con la colaboración externa de Martín Fiszbein.

“Ambos economistas argentinos cuentan con experiencia en el campo internacional, a partir de sus actividades en Massachusetts y Boston, respectivamente. Finalmente, y en paralelo, próximamente asumirá Sergio Chodos como director ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI. Cosentino, como Daniel Marx, integraron ad honorem la Comisión de Asesores, como ex secretarios de Finanzas, en las que se abordaron líneas de acción relacionadas con estas temáticas”, explicaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Curiosamente, se duplican estructuras (tanto para negociar con los privados como con el FMI) para resolver cuestiones que deberían resolverse en forma ejecutiva, con el lógico apoyo del ministro y de la Casa de Gobierno.

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