Día a día las esperanzas de reactivar la economía a través del mayor consumo, se va desvaneciendo por una realidad: un ajuste fiscal que se vuelve más duro.
Llegó con toda su crudeza (aunque no está aprobado) a la provincia de Buenos Aires, donde esta el núcleo más sensible de los marginados. Las ideas keynesianas del gobernador Axel Kicillof sucumbieron a la realidad del Tesoro provincial.
Las causas de freno del consumo, a pesar de la rebaja prometida de bienes, medicamentos y congelamiento de tarifas, son contundentes.
-La Nación ajustará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias 47% por debajo de la inflación. Esto quiere decir que, aunque los aumentos de salarios que se den compensen a la inflación, se irán por el agujero negro del impuesto a las Ganancias. Dos millones de trabajadores tendrán el mismo problema que hizo que el gobierno de los Kirchner enfrentara huelgas cotidianas porque los impuestos golpeaban en sueldos bajos que estaban cerca de la canasta que necesita la clase media para subsistir. Un empleado soltero que con horas extras, mas el aumento que le darán este año, llegue a ganar $ 80.000 mensuales, tributará en el año la mitad de su aguinaldo.
- Los empleados púbicos que recibirán aumentos a cuenta de atraso salarial de entre $5.000 y 9.000, pueden engrosar la fila de los castigados por el nuevo aumento del impuesto a las Ganancias. Los jubilados no quedan exentos. Los de más altos ingresos, serán sancionados por partida doble: por menor aumento de sus jubilaciones y por mayores impuestos a las ganancias.
-En la provincia de Buenos aires, el impuestazo que imagina Axel Kicillof no solo afectará bienes urbanos y rurales, sino que más que duplicará el impacto de Ingresos Brutos a la venta de medicamentos y servicios profesionales, que incluyen desde el alquiler de automóviles, pasando por honorarios y ventas de servicios de agencias de viaje, ya asfixiadas por el dólar “solidario”.
-En los supermercados seguiría vigente la alícuota de 5%, pero piensan extenderla a gran parte de la actividad comercial de la provincia. Todo eso se trasladará a precios.
Esto implica que las mejoras salariales vía bonos u otro mecanismo terminarán en las manos del Estado por esta mayor presión tributaria.
Por supuesto, los acreedores de bonos de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional celebran la medida. Habrá más recaudación y eso significa más dinero para pagar la deuda. Cuando el acreedor está contento, el consumidor desconfía.
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