La reacción de los economistas a la nueva ley: entre la frialdad de los números, las dudas sobre la reactivación y el escepticismo sobre el ajuste del gasto político

En apenas 48 horas el Congreso aprobó la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que le permitirá al Gobierno ahorrar recursos del sistema previsional, aumentar la recaudación impositiva y lograr una ganancia fiscal de entre 1 y 1,9 % del PBI, calculó Elypsis en el informe que envió a sus clientes ya antes de que se conociera la sanción del Senado.

La principal fuente de ahorro, explicó la consultora del economista Eduardo Levy Yeyati, es la suspensión por 180 días de la movilidad previsional, que en distintos escenarios significaría un “ahorro” fiscal de 0,9% del PBI (esto es, más de la mitad de la “ganancia” del fisco).

El escenario de mayor ahorro sería que el gobierno no vaya más allá de los dos bonos para las jubilaciones más bajas, de modo de igualar el mínimo percibido en diciembre y enero en $ 19.068, pero Elypsis no lo creee realista y simula también un escenario alternativo de aumentos trimestrales en línea con la inflación, en cuyo caso el ahorro total del paquete se reduce a 1% del PBI.

En su proyección, tomando la hipótesis de que los ajustes a los jubilados tendrán en cuenta la inflación de aquí en adelante, y no la pasada, Elypsis estima que el aumento de las jubilaciones será en 2020 de 42,2% en vez del 52,6% que hubiera sido con el régimen de movilidad que había impulsado el gobierno de Macri.

En los cálculos de la consultora, los aumentos de ingresos serían de medio punto del PBI cada uno por la suba de las retenciones y el impuesto del 30% sobre el dólar, aunque 0,3 puntos de esa mejora serían contrarrestados por el aumento de los subsidios, debido al congelamiento de tarifas aunque la cifra final dependerá de las renegociaciones tarifarias para la segunda mitad del año. Adicionalmente, y ya fuera del paquete fiscal, Elypsis calcula en 2,4% la ampliación de las fuentes de financiamiento mediante la colocación de títulos públicos a colocar a la Anses y las letras que el Tesoro le dará al BCRA a cambio de 4.571 millones de las reservas.

Incertidumbre

La ofensiva oficial sobre el sistema previsional, sin embargo, podría tener algunas contraindicación, alertó el economista Julio Piekarz, quien en un tuit se preguntó si en su objetivo de reactivar el consumo el ministro de Economía, Martín Guzmán, habrá tenido en cuenta el impacto negativo sobre la demanda que podría tener, para los jubilados, la incertidumbre acerca de su ingreso futuro. “Quizá era mejor, al menos, dar una regla”, señaló el ex funcionario del Banco Central.

El revuelo e irritación que causó el contraste entre el ajuste previsional a los jubilados rasos y el mantenimiento de regímenes especiales y “de privilegio” para los sectores judicial, diplomático y para ex mandatarios, ya motivó que el propio Alberto Fernández decidiera formar una “Comisión Especial” para abordar la cuestión. A esa reacción se sumó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en declaraciones radiales dijo que en marzo habrá aumento de suma fija para los jubilados y que el gobierno estudia un “ajuste del gasto político”.

Los privilegiados de siempre

"Hubieran comenzado por ahí, en vez de comenzar aumentando las retenciones y el impuesto a los bienes personales”, comentó a Infobae el economista Roberto Cachanosky.

Parecida fue la reacción de Miguel Boggiano. “No sé ve ningún esfuerzo de la clase política”, comentó. “Se pide todo el esfuerzo al sector privado para evitar el default pero ellos parece que viven en otro planeta: más impuestos, más ministerios, más secretarías. Y encima Victoria Donda te dice que hay que cambiar la meritocracia por la solidaridad, igualar el trabajador al vago. Nos están forzando a ser solidarios, sacándonos para darles a los que ellos se les antoja”.

Cachanosky precisó que el presupuesto 2019 asignó al Senado 9.157 millones de pesos, a la Cámara de Diputados 9.354 millones, y a la Biblioteca y a la Imprenta del Congreso 1.900 millones y 523 millones respectivamente. La suma roza los $21.000 millones, cifra idéntica a la asignada a todos los programas alimentarios en el presupuesto .... 2020. Esta última cifra seguramente variará por el “Plan Nacional contra el Hambre”, pero no cubre la enorme brecha entre las palabras y los hechos.

“Si hablan de solidaridad, podrían comenzar por ahí”, redobló Cachanosky y recordó cifras que exhibió en un cruce televisivo con, entre otros, la hoy titular del Inadi, Victoria Donda. Mientras un senador nacional argentino “cuesta” en promedio 222.000 euros al mes, uno español “cuesta” 17.540 euros. Lejos de “ajustar el gasto político”, completó, entre 2009 y 2019 el presupuesto del Senado aumentó 75% en términos reales (esto es, descontada la inflación) y el de de la Cámara de diputados 24%. “No sé cuánto más puede aguantar esto, la soga está bastante tirante”, resumió.

Emergencia, no crecimiento

Boggiano dijo que la ley no tiene ningún elemento que incentive el crecimiento. “Están sacando recursos a algunos para darle a otros. No hay ningún incentivo a la producción. Esto no es un plan de crecimiento, sino uno de emergencia para no entrar en default en febrero o marzo". Y fue escéptico sobre las promesas de “ajuste del gasto político” de Cafiero. Hasta que no lo pongan por escrito, concluyó, “es puro relato”.

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