
La doble indemnización tiene como antecedente la decisión tomada en enero de 2002, en el comienzo del gobierno de Eduardo Duhalde. La ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, denominación del primer paquete económico dictado en plena crisis para salir de la convertibilidad, fue acompañada por otras medidas paliativas. Entre ellas, con el objeto de evitar que el desempleo siguiera creciendo, un decreto prohibía los despidos laborales sin causa justificada y establecía que, en caso de producirse, el empleador debía duplicar la indemnización establecida por ley.
Las empresas recibieron con opiniones negativas la decisión, no solo porque fue tomada a través de un decreto sino también porque la crisis era extrema. “No podemos pagar la indemnización simple”, era el lugar común de los empresarios.
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Como tantas otras medidas económicas, la doble indemnización fue sancionada con carácter transitorio y se volvió eterna. El gobierno de Duhalde la prorrogó porque no quería quitarla hasta la llegada del nuevo gobierno. Y el gobierno de Néstor Kirchner la siguió extendiendo bajo el argumento de que el índice de desocupación debía tener un descenso más marcado y llegar a un dígito en sus dos versiones: incluyendo a los planes jefes y Jefas de Hogar y sin esa inclusión.

En conclusión, la medida tomada por 180 días tuvo vigencia durante 5 años y medio. La eliminación llegó el 17 de agosto de 2007
Para entonces, la doble indemnización no regía para todos los trabajadores, sino para aquellos que hubiesen iniciado su relación laboral antes del 1° de enero de 2003. Y había tenido varios ataques en la Justicia, con opiniones encontradas en distintos tribunales.
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La doble indemnización como mecanismo para enfrentar la desocupación tuvo un protagonismo más reciente en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. La norma conocida como “ley antidespidos” fue impulsada en el Congreso por la oposición al macrismo, establecía lo mismo que aquella norma de Duhalde en 2002 y el reciente decreto de Alberto Fernández en 2019: prohibir los despidos por 180 días bajo pena de duplicar las indemnizaciones. En esa ocasión, no llego por decreto sino por ley. Macri decidió vetar la norma en mayo de 2016.
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