Shock de consumo: la apuesta del nuevo gobierno para cambiar las expectativas

No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. La frase es vieja pero bien podría aplicarse a lo que será el arranque del gobierno de Alberto Fernández. Con una economía en estado crítico, el objetivo primordial será generar un rápido cambio de las expectativas. Aprovechar la “mini luna de miel” que tiene un nuevo presidente y generar un primer impulso. La única manera de lograrlo rápido es, según la visión del flamante presidente, cumpliendo con una de las primeras promesas de campaña: “ponerle plata en el bolsillo a la gente”.

El propio Fernández adelantó el viernes, al presentar su gabinete de ministros, que habrá en lo inmediato algunas medidas de alivio puntuales para jubilados, beneficiarios de planes sociales y empleados públicos. También habló de los empleados con salarios más bajos. Se trata así de recuperar al menos marginalmente el poder de compra de los ingresos, luego de otro año en el que la inflación volvió a pegar duro en el poder adquisitivo.

Para una economía muy cerrada comercialmente como la Argentina, la única manera de generar un repunte en esta instancia es a través de un repunte del consumo. Y a eso apuntarán las primeras medidas concretas del gobierno que asume hoy. Además, la teoría indica que se trata de sectores sin capacidad de ahorro, por lo que todo el dinero adicional que reciban se volcará al mercado interno.

Alberto Fernández quiere evitar el primer mal paso que dieron otros gobiernos, como los de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Por distintos motivos, ambos comenzaron sus gestiones con caídas en el nivel de actividad, producto de ajustes ni bien comenzaron a gobernar. En el caso del radical fue la “tablita de Machinea” que aumentó la presión fiscal sobre salarios y empresas. Y en el caso del gobierno macrista, el sinceramiento del dólar y el aumento de tarifas provocaron un empinamiento de la inflación que pegó fuerte en la actividad interna.

Esta primera “buena impresión” que procura conseguir Alberto Fernández sería complementada además con una baja de la tasa de interés y el regreso de líneas de crédito subsidiadas para empresas, que tendrán que otorgar los bancos.

Existe una probabilidad cierta de que el plan de estímulo económico dé resultado en el cortísimo plazo. Después llegará la “hora de la verdad”. La contracara de este programa para reactivar el consumo es un fuerte aumento de la emisión monetaria, que ya empezó pero que seguiría en las próximas semanas. En total, el Central volcaría al mercado vía adelantos transitorios unos $ 300.000 millones.

El peligro es que semejante emisión monetaria termine trasladándose al precio del dólar y finalmente generando más inflación. Por eso, en febrero la lupa estará puesta en el flamante presidente del BCRA, Miguel Pesce, quien deberá definir si aspira una buena porción de los pesos emitidos o decide dejarlos en el mercado. Se trata de una decisión difícil, ya que prender la “aspiradora” requeriría de un aumento de las tasas de interés.

Su antecesor, Guido Sandleris, se entusiasmó a principio de 2019 con la recuperación económica y la baja de tasas. Optó por no “prender la aspiradora” de pesos y a fin de febrero ya estaba sufriendo las consecuencias: fuerte salto del dólar y una inflación que pegó un salto hasta casi 5% en marzo.

Por supuesto que un repunte de corto plazo por mejoras del ingreso no constituye una recuperación sostenida ni mucho menos. Que la Argentina vuelva a crecer genuinamente requerirá de otro tipo de medidas, quizás la más urgente pase por reestructurar la deuda y evitar un default total. En forma paralela, también habría que avanzar en una renegociación de la deuda con el FMI y concentrarse en las cuentas públicas: el espacio para seguir con déficit fiscal es muy pequeño.

El nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, parece consciente de estas limitaciones y también tiene en mente avanzar muy rápido con la cuestión de la deuda. En un reciente trabajo presentado ante la ONU estableció marzo de 2020 como el límite para cerrar la renegociación.

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