
La pobreza avanzó al 35,4% de la población al cierre del primer semestre de 2019 y la indigencia, a 7,7% de los habitantes, en un contexto de aceleración de la inflación, recesión y pérdida de empleo formales, no compensada con el crecimiento de la actividad en negro y en posiciones precarias, las cuales fueron las más difundidas según la proyección a total país de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
Pero el dato más inquietante fue, una vez más, el crecimiento exponencial de la legión de pobres entre los menores de 14 años de 41,4% a 52,6% de la población de esa franja etárea, de 2,2 millones a 3,45 millones niños, a un ritmo singular de 59,3% en 12 meses.
Se trata de unos 3,8 millones, 1,3 millones más que al cierre de la primera mitad de 2018, que habitan en hogares que no logran disponer mes a mes de los recursos monetarios mínimos para poder desarrollarse y adaptarse a la nuevas tecnologías.
El informe del Indec dio cuenta de que en los últimos 12 meses se amplió la brecha entre el ingreso promedio de los hogares pobres y el umbral para superar ese flagelo de 36,2% a 39,3%, habida cuenta de en junio de 2019 el valor de la canasta básica total era de $30.379, para un grupo habitacional integrado por 3,34 miembros, y 4,22 en el segmento pobre indigente, mientras que apenas percibía por todo concepto 18.437 pesos.
En el segmento etario inmediato superior, de 15 a 29 años, la pobreza saltó de 32,9% a 42,3% del total de la población, pone en riesgo la capacidad de desarrollo y su contribución a una economía que necesita ser más productiva para poder superar ese estadio.
El relevamiento del Indec detectó que en todos los tramos etáreos de los habitantes se intensificó el estado de pobreza: 7,2 puntos porcentuales entre la de 30 a 64 años, a 30,4% de la población de esa franja; y en menor medida en el tramo más longevo, de 65 años y más, 3,5 puntos porcentuales, a 10,4% del total.
Efecto de la aceleración de la inflación
En la Argentina se miden los umbrales de pobreza e indigencia en términos de ingreso medio del hogar, el cual se compone no sólo por los recursos monetarios que se originan en una actividad rentada, sino también los provenientes de planes sociales, salario familiar y subisidios en dinero.
Y si bien el componente no laboral se mantuvo actualizado trimestralmente por el índice de la movilidad jubilatoria, una vez más quedó de manifiesto que se trató de un mero paliativo, pero no pudo cumplir con el objetivo primario de evitar el aumento de la pobreza e indigencia, en particular en la franja de los más chicos.
Ese fenómeno se explica por la concurrencia de aceleración del ritmo inflacionario entre el período base del ajuste y el del efectivo cobro, con la profundización del escenario recesivo que provocaron la crisis cambiaria que se inició de manera incipiente en el segundo trimestre de 2018, pero que se profundizó en los tres meses siguientes, y el empinamiento del costo del crédito.
Sobre el cierre del segundo trimestre algunos sectores habían comenzado a marcar un punto de inflexión en el cuadro recesivo, en particular en las ramas vinculadas con el agro y la actividad en la rama energética, en particular de petróleo y gas, el cambio de escenario tras el resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto, ya muchos economistas comienzan a proyectar un cuadro aún peor para la próxima medición del Indec, al cierre de diciembre.
Es que en la medida que no se logre generar un cuadro de confianza y seducción a la inversión productiva, único camino para impulsar la creación de puestos de trabajo, y puerta de entrada para los jóvenes a su primer empleo, será imposible revertir el curso creciente de los índices de pobreza en todos los niveles etáreos de la población.
Tres medidas para reducir la pobreza juvenil
Los economistas de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), consideran un camino para reducir la pobreza en los hogares con mayor porcentaje de niños es “eliminar el límite de cinco hijos para percibir la Asignación Universal por Hijo y el requisito de ingreso mínimo para el cobro de las Asignaciones Familiares por Hijo” e incluir como población elegible a los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia. Estas modificaciones redundarían en la inclusión de alrededor un millón y medio de niños y adolescentes.
También, observan los economistas de la ONG: “resulta importante avanzar en automatizar la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades educativas y sanitarias y establecer un esquema de zonas prioritarias que siga criterios de progresividad, contemplando el costo de vida en cada jurisdicción específica y los ingresos promedio de cada familia”.
Finalmente, destacan: “es necesario que los montos de las transferencias se actualicen regularmente, tomando como referencia al valor de la canasta básica total por niño. Aumentar las asignaciones en 0,6% del PBI permitiría reducir la pobreza infantil en un 25% y un 13% de la pobreza del total de la población. Más de la mitad de la inversión inicial sería recuperada a través del cobro de impuestos, por lo que la inversión neta se reduciría a 0,2% del PBI”.
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