Los consorcios ahora podrán definir si continúan con la fumigación mensual o si implementan un régimen más laxo. (Télam)
Los consorcios ahora podrán definir si continúan con la fumigación mensual o si implementan un régimen más laxo. (Télam)

Como parte del plan para bajar los costos fijos en las expensas, el gobierno porteño habilitó que los vecinos puedan resolver la periodicidad de las desinfecciones en los consorcios. Por lo tanto, en muchos edificios ahora se podrá optar por no pagar todos los meses ese servicio de higiene.

Según los cálculos de la Ciudad, la desinfección periódica implica una facturación de $24.000 anuales en promedio para un edificio tipo de 10 pisos y 20 departamentos, o bien un valor estimado entre los $1.800 y $2.200 mensuales.

A través de la resolución N°245, el Gobierno de la Ciudad eliminó la obligatoriedad mensual de este tipo de tareas. "Hemos dispuesto que los vecinos tengan la libertad de fumigar de acuerdo a la necesidad real de cada edificio y que ese trabajo no sea una imposición mensual del Estado", explicó Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana porteño.

En la Ciudad existe un registro de empresas que realizan la desinfestación y desinfección. Su misión es garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e idoneidad previstas para esa actividad. Pueden dar recomendaciones sobre la frecuencia del servicio, pero en todos los casos la decisión queda en los copropietarios.

El quite de la obligatoriedad de la fumigación mensual forma parte de un "plan de reducción de costos que afrontan los consorcios, y que permitirá una vez aplicado que los vecinos ahorren el valor mensual de una expensa al año", señaló Carrillo.

Por ahora, del total de las 14 medidas previstas se implementaron tres. La primera de ellas fue la eliminación del libro de datos periódicos, un documento considerado redundante.

También se suprimió el certificado de edificio seguro, dado que agrupaba trabajos con certificados específicos ya existentes, cuando los consorcios pagaban por ese comprobante entre 12 a 14 mil pesos anuales.

Por todas las medidas aplicadas, el gobierno porteño calculó que ya se está logrando un ahorro anual de 33 mil pesos. Y una vez que se complete el plan, cada vecino que viva en un edificio tipo de 10 pisos con veinte unidades funcionales, por ejemplo, podrá ahorrar $4.900 por año de expensas. El ahorro global para todo el edificio sería de 98.000 pesos.

Otra de las medidas en esta dirección es el llamado a licitación de la plataforma Consorcio Participativo, que permitirá a los vecinos realizar un control de todos los gastos que hace el administrador y participar en las decisiones que adopte la asamblea de propietarios. Además, busca ser una solución para que el administrador efectúe la liquidación de expensas y mantenga un canal de comunicación con sus administrados de manera gratuita.

Vista aérea de la Ciudad de Buenos Aires. (Shutterstock)
Vista aérea de la Ciudad de Buenos Aires. (Shutterstock)

Lo que falta

Entre las decisiones de ahorro que están en carpeta está el lanzamiento de una cuenta corriente gratuita para cada consorcio. La ley que lo hace posible ya se sancionó, solo resta que el Banco Ciudad disponga por sistema la apertura de ese tipo de cuenta. Se espera una reducción de $7.200 al año en los gastos fijos del consorcio.

Al igual que con las desinfecciones mensuales, en la Legislatura porteña ya se ingresó la modificación de la Ordenanza 45593/91 para introducir cambios en los controles sobre los tanques de agua. Por esta regulación del año 1991, los tanques de los edificios son vaciados semestralmente sin antes realizar un análisis del contenido, desperdiciando así millones de litros de agua potable. Al impacto ambiental se suma un costo que supera los $12.000 anuales que los vecinos afrontan en sus expensas.

De modificarse la normativa, el control se realizaría en forma anual y comenzará primero con un análisis del agua. Sólo en caso de encontrar anomalías se podrá vaciar el tanque para luego realizar las tareas que los técnicos indiquen. Así, los edificios ahorrarán un promedio de 8.000 pesos por año.

En esta dirección también el Gobierno porteño aspira a flexibilizar los controles de matafuegos y de ascensores y calderas, junto con la eliminación de construir edificios con vivienda para encargados, un requisito previsto por el Código de Edificación para edificios con más de 15 unidades.

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