
El Gobierno dará mañana el puntapié inicial de lo que será la etapa "post-crisis" de la economía argentina. El desafío de sobreponerse a la pesada herencia recibida y ganar las elecciones de medio término fue superado, pero ahora viene la parte más difícil: consolidar la reactivación y atacar los problemas de fondo que históricamente hicieron naufragar al país. Los ciclos de euforia y posterior crisis se hicieron recurrentes en los últimos 40 años, con la consecuencia de un aumento de la pobreza y la marginalidad.
Mauricio Macri habló de "reforma permanente" para describir la etapa que se viene y se podrían a esta altura mencionar de memoria: tributaria, laboral, previsional y judicial. Por ahora se trata de grandes enunciados que ayudan a calmar ansiedades, especialmente de los mercados. Los bancos de Wall Street destacaron en sus informes la expectativa de que un Presidente fortalecido pueda avanzar con la agenda de temas pendientes que la Argentina tiene por delante.
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El primer gran desafío, por lo tanto, es no defraudar esa esperanza de los inversores. Los grandes fondos internacionales son hoy los principales socios del Gobierno, ya que deben financiar el ajuste gradualista hasta confluir con el déficit cero allá por el año 2021. Tal como adelantó Infobae, la semana que viene se colocará deuda en euros por unos 2.500 millones para cerrar el plan financiero del 2017. Pero luego habrá que salir a buscar no menos de USD 30.000 millones para cerrar el agujero del 2018.
Por eso no es casualidad que tras la presentación en el CCK se ponga en marcha un verdadero "Operativo Seducción". Las dos próximos visitas de Macri serán a la Bolsa de Comercio porteña el próximo jueves y luego un viaje a Nueva York la semana siguiente, junto al ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo". Ambos se dedicarán a "pasar la gorra" para asegurarse el financiamiento para continuar la transición.
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El 2017 era un año clave para la Casa Rosada, porque había que demostrar que aún a pesar de los ajustes y la caída de la actividad del año anterior era posible ganar las elecciones. Y se logró, ayudado por la reactivación económica, pero también por el gran rechazo que genera la imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner y los escándalos de corrupción que salpican a sus colaboradores más cercanos.
Pero el 2018 será incluso más desafiante. El año que viene habrá que demostrar con hechos que sí es posible conseguir que el Estado gaste menos en épocas de crecimiento económico. La baja del déficit es ineludible para que los mercados acepten seguir financiando sin mayores reparos el rojo fiscal.
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En las últimas décadas sucedió todo lo contrario: el despilfarro aumentó de la mano de los mayores ingresos. Ni siquiera alcanza con la reducción de subsidios proveniente de un fuerte aumento en las tarifas del transporte y de otros aumentos de servicios públicos. Ese ahorro se evapora con la reparación histórica a jubilados y el aumento de otras partidas sociales. Además, también tendrán que bajar los gastos de la política y de las provincias, algo que se discutirá con los gobernadores esta semana, cuando se avance con el nuevo Pacto Fiscal.
Las reformas de "segunda generación" se plantearon con ese título por primera vez luego del efecto Tequila en 1995. En ese momento, tras la crisis que casi voltea a la Convertibilidad, el Gobierno en conjunto con el FMI buscó encarar una serie de reformas para darle mayor dinamismo al mercado laboral, reducir la burocracia del Estado y volver más eficiente el sistema impositivo. Por supuesto todo quedó a mitad de camino. El objetivo de volver más competitiva a la economía argentina chocó contra la rigidez total del tipo de cambio, justo cuando el dólar se apreciaba contra el resto de las monedas del mundo.
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Ahora que hay un tipo de cambio flexible el punto de partida para encarar esas reformas es otro. El objetivo final es que la Argentina se parezca no a las naciones nórdicas ni a Estados Unidos, sino que al menos esté alineado con otros países de la región. Asestarle un golpe de nocaut al famoso "costo argentino" es lo que finalmente definirá si el gobierno de Macri corre la misma suerte que otros que también atravesaron períodos de bonanza o si efectivamente esta vez será diferente.
La reforma laboral brasileña, por ejemplo, obliga a tomar medidas en el mismo sentido, arrancando por un blanqueo laboral y luego convenios por actividad para darle más flexibilidad a los distintos sectores. Además, habría un nuevo sistema de pasantías para darle lugar en el mercado laboral a los más jóvenes.
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La mayor expectativa está puesta en la reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda ya elaboró el proyecto y ahora lo tiene la Jefatura de Gabinete, que terminará de delinear los últimos detalles con Mauricio Macri. Ellos tendrán la última palabra sobre la renta financiera. Tal como adelantó Infobae, el proyeto es gravar los plazos fijos a partir de 500.000, pero con una alícuota diferencial que sería del 15% ó 20%. Aún estaba en discusión si las Lebac también serían alcanzadas.
Luego habrá varias medidas parecidas a lo que ya se implementó con la ley PYME. La posibilidad de tomar a cuenta de Ganancias el pago del impuesto al cheque (se implementaría gradualmente en los próximos cinco años), también habrá una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, pero siempre que se reinvierta el producto de esas utilidades.
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El avance sobre impuestos distorsivos apunta a Ingresos Brutos. Tanto la ciudad de Buenos Aires como la Provincia marcaron el camino a seguir: la disminución se hará también en forma escalonada en los próximos años, pero lo que se pierda de recaudación se reemplazará por un peso mayor del impuesto inmobiliario (ó ABL en la Ciudad).
El final del camino, como señaló ayer el ministro del Interior Rogelio Frigerio, es que baje el peso de los impuestos en la economía. Pero para eso es necesario que primer se desarme la bomba del gasto que activó el kirchnerismo y cuya mecha sigue encendida.
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Las autoridades también señalaron que una tercer implicada, la recepcionista del consultorio Detox, presentó un amparo para evitar comparecer



