
Mar del Plata (Enviada especial). El Gobierno nacional avanza con una decisión que impactará directamente en el bolsillo de los consumidores argentinos, y ya trae polémica en un sector de la economía. A partir del año que viene, el arancel para importar notebooks y computadoras de escritorio bajará de 35% a cero.
La decisión, que estaba en estudio hace algunos meses, fue confirmada a Infobae por fuentes calificadas del Ministerio de Producción. "La idea es bajar el precio al público de las computadoras", sintetizaron. La medida se anunciaría en enero del año que viene, y ya puso en alerta a los sindicatos -como la Unión Obrera Metalúrgica-y a más de 15 empresas del sector.
"Con esta medida, los precios de las computadoras bajarían al menos un 12 por ciento. No tiene mucho margen más, porque el 50% del precio es comercializazión y financiamento", aseguró una empresa del sector.
En total, el mercado emplea a 5.500 personas, de las cuales 4.000 están en las líneas de ensamblaje y producción. "Así no podemos seguir produciendo", había sido el reclamo de las principales compañías en una reunión que mantuvieron hace dos meses con el secretario de Comercio, Miguel Braun.
En ese encuentro participaron representantes de compañías como Newsan, Positivo BGH, Exo, Novatech, PC Ars, Coradir, Air Computers, Lucaioli, FAG, Stylus, INVID, Digital Fueguina, Radio Victoria y SIASA. "Fue una reunión muy dura", aseguró un empresario. Es una lista de empresas que tanto importan el producto armado o lo ensamblan en suelo local bajo dos modalidades: el semi knocked-down (SKD), cuando la placa ya está armada y se ensambla el resto, y el complete knocked-down (CKD), en los casos en que todas las partes están por separado.
Alerta en el sector
La medida les pega en el corazón no sólo a las empresas que están basadas en Tierra del Fuego, sino también a compañías que están en Buenos Aires.
El plan del Gobierno es que se "reconviertan" con el tiempo en otras actividades del sector, y en ese camino, el Ejecutivo comprará 250.000 computadoras para el Plan Conectar. "No es nada. El año pasado habían comprado 500.000", se quejan desde el sector.
Por ejemplo, si las empresas que ensamblan en la Argentina se reconvierten en importar el producto completo, afectaría a los 4.000 empleados que se encargan de ensamblar y producir.
Pero más allá de esta medida, el Ministerio de Producción estudia que esos empleados empiecen a hacer tareas en las empresas que se empezarán a activar en suelo argentino tras la primera licitación de energías renovables. "No podemos perder un solo empleo", sostienen fuentes oficiales. Por ahora, las propuestas no logran convencer del todo a los sindicatos ni a los empresarios.
El sector se puso en alerta porque no creían que la decisión del Gobierno de liberalizar el arancel llegaría tan rápido. Como miembro del Mercosur, los funcionarios avanzan en conversaciones con sus pares barsileños sólo para comunicarles la decisión. El Gobierno puede avanzar rápido porque, en este caso, no le tiene que pedir permiso a Brasil: este arancel se encuentra en una lista de excepciones, y es una decisión unilateral.
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