El Gobierno aumentó en $1.939 millones el déficit fiscal para poder pagar sueldos

A través de la Decisión Administrativa 774, del 29 de julio, los  ministros Marcos Peña y Alfonso Prat-Gay dispusieron una nueva modificación del Presupuesto 2016 por $1.939 millones. La cifra se sumará al ya de por sí abultado rojo fiscal del período.

Se trata del incremento de la "Distribución del Presupuesto vigente del Servicio Administrativo Financiero 320 – Consejo de la Magistratura, actuante en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de afrontar los haberes de los meses de julio, agosto y septiembre".

Si bien en los considerandos de la medida se destacan no sólo las atribuciones para reasignar las partidas presupuestarias originalmente aprobadas, el año anterior y por tanto por otro gobierno, y que "la modificación se compensa con la reducción de los créditos correspondientes a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro", lo cierto es que de la lectura de las dos planillas anexas a la medida surge con claridad que ese gasto no se financiará ni con reducción de otro gasto, ni con un aumento no previsto de los recursos, sino con reducción de las aplicaciones financieras a cargo del Tesoro Nacional. Esto es con más déficit.

Dado que el aumento de esta partida presupuestaria estará destinado a "posibilitar el pago de haberes de los meses de julio, agosto y septiembre", cabe esperar que en los últimos días de septiembre los funcionarios dicten otra medida similar para que el Poder Judicial pueda afrontar el pago de sueldos del Consejo de la Magistratura para el último trimestre del año.

Presupuesto Base Cero

Si bien se trata de una institución que está operativa desde hace muchos años, para los legisladores parece que no existe, y por eso cada trimestre de cada año el gobierno nacional tiene que instrumentar una norma que contemple el pago de salarios, y que de ese modo afecte el resultado final de las finanzas públicas.

Para que eso no se repita, las nuevas autoridades están rediseñando un Presupuesto Nacional Base Cero. La idea es que contemple de modo más ajustado que en el pasado las previsiones de ingresos tributarios y también todas las partidas de gastos conocidas hasta el presente y las que considere necesario incorporar para poder cumplir con sus políticas  públicas y las respectivas fuentes de financiamiento.

El plazo para entregar al Congreso esa base de Previsión de Gastos y Recursos para el próximo año, con el corriente Plan Plurianual, vence el 15 de septiembre.