Así será el operativo para el Superclásico que marcará la vuelta de la cúpula de La Doce a La Boca: 1200 efectivos y monitoreo especial a la barra

Mientras en Boca Juniors ya están analizando cómo van a justificar que Rafael Di Zeo y Mauro Martín estén en el paravalanchas el domingo cuando no tienen presencia en seis de los últimos nueve partidos en La Bombonera, requisito que el club puso para habilitar el ingreso de cualquier hincha al Superclásico, ayer hubo movimientos muy llamativos en la causa que finalmente decidió dar de baja por tres meses el derecho de admisión que regía sobre los líderes de La Doce. Porque el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó la apelación al juez Walter Lara Corral para que sea la Cámara la que defina si confirma el fallo o lo revoca dando marcha atrás con la decisión. Pero con una curiosidad que deja demasiado espacio para las suspicacias: hizo la apelación sin solicitar efecto suspensivo, lo que si hubiese realizado y el juez concedido permitiría que mientras la Cámara estudia el caso el derecho de admisión se mantenga.

Si fue un olvido involuntario o parte de una estrategia general que en principio obra incomprensible, sólo lo saben en el Ministerio. Lo cierto es que esa situación dio por tierra con la última carta judicial para impedirles el ingreso. En este punto específico mostró su discrepancia el ministerio de seguridad al asegurar que “en ninguna apelación efectuada en el marco de la Ley 26.854, la cual legisla las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional, corresponde pedir que el recurso sea concedido con efecto suspensivo, ello así toda vez que dicha circunstancia se encuentra expresamente establecida en el artículo 13 apartado 3. se descuenta que el magistrado conoce el principio general del derecho que establece que el derecho se presume conocido por todos, razón por la cual no corresponde solicitar algo que se encuentra resuelto expresamente por la norma, va de suyo que el ingreso de los actores al estadio de Boca Juniors no se encuentra comprendido entre las excepciones enumeradas por la norma detallada”. Más allá de ello, el juez mantuvo su posición y lo dejó marcado expresamente en su fallo cuando concede la apelación.

Así, el propio juez ni siquiera tuvo que argumentar por qué concedió el recurso sin ese efecto y el fallo del miércoles quedó vigente. Lo que llama la atención es que obviamente la apelación no fue firmada por un estudiante de primer año de la facultad de Derecho, sino por el propio director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, Edmundo Durval Segovia. Si fue un olvido involuntario o parte de una estrategia general que en principio obra incomprensible, sólo lo saben en el Ministerio. Lo cierto es que esa situación dio por tierra con la última carta judicial para impedirles el ingreso.

De hecho el propio juez Lara Corral lo marca cuando concede la apelación, cuya fundamentación tiene como argumento el fallo de 2019 de la Cámara que avalaba al Estado a aplicar el derecho de admisión, algo que puntualizó Infobae ayer, pero que hasta ahora no se había puesto en juego en sede judicial. El magistrado que otorgó la cautelar en favor de Di Zeo tiene además una relación particular con el fútbol: es vicepresidente de Claypole, club que milita en la Primera C y marcha cuarto en el torneo, pero además es el que se encarga del departamento de fútbol de la institución, a la que llegó de la mano del gerenciamiento de la empresa Soccer Lawyers, tal como lo informó el club en 2020.

Esa empresa es dirigida por el abogado Dante Amoroso Vallarino, quién públicamente ha tenido palabras elogiosas para el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y en su página web informa que representa a siete directores técnicos, más de 30 jugadores en forma propia y que tiene los derechos económicos de otros 12 futbolistas que son representados por otros agentes. Uno de los hombres clave en la organización es el representante Walter Soria.

* La apelación del Ministerio de Seguridad

Mientras esto sucedía en Tribunales, los abogados de la barra estaban aportando en el club formas imaginativas para obviar el requisito de ingreso al Superclásico que marca haber estado en seis de los últimos nueve partidos de local del Xeneize. La propuesta elevada a la institución es que ese trámite no corre para Di Zeo, Martín ni para cualquier persona que tenía intenciones de ir pero no lo pudo hacer por una medida restrictiva del Ministerio de Seguridad que ahora la Justicia determinó equivocada. Boca quedó en contestar, pero los barras dan por descontado que cuando apoyen sus plásticos en el molinete, saltará la luz verde y después de seis años y cinco meses volverán al paravalanchas de la segunda bandeja que da a Casa Amarilla.

Esta situación obviamente puso en alerta a los responsables del operativo de Seguridad que está a cargo de la Ciudad. Así, se diagramó un esquema que contará con 1.200 efectivos de la Policía de la Ciudad distribuidos en La Bombonera y zonas aledañas, pero que tendrá un refuerzo específico con monitoreo en tiempo real de cámara y videos en toda la zona de Casa Amarilla y fundamentalmente en el acceso de la puerta 14 del estadio, que es por donde habitualmente ingresa la barra.

De hecho en la sala de monitoreo habrá dos personas específicas mirando cada movimiento de los líderes de La Doce, aunque por el momento no se plantea una hipótesis de conflicto teniendo en cuenta que el próximo martes comienza el juicio a Di Zeo como presunto instigador de la batalla en el Nuevo Gasómetro por la interna de la barra en 2013, que dejó dos hinchas muertos y se supone que cualquier hecho violento este domingo lo dejaría mal parado para ese proceso.

También habrá 120 cadetes policiales con teléfonos móviles para trabajar el programa Tribuna Segura, porque si bien el fallo del juez atacó el corazón de este programa al declarar que el Estado no tiene facultad de prohibir el ingreso a ningún particular, su resolución sólo abarca a los cinco miembros de La Doce que presentaron la medida cautelar, por lo que cualquier otra persona con admisión no debería ingresar al estadio. ¿Por qué el potencial? Porque insólitamente el reconocimiento facial del programa Tribuna Segura está caído, por lo que cualquier persona con restricción puede dar otro número de DNI al policía, uno que esté limpio de prohibiciones, (no hay obligación de mostrar el documento físico) y cómo no salta la foto asociada a ese número ingresa sin problemas. Hecha la ley, hecha la trampa, claro que en este caso en cabeza del Estado. Todo demasiado argentino.

* La respuesta a la apelación

Por último el operativo largará al mediodía y las puertas del estadio se abrirán a las 13 horas y también participarán dos carros de asalto hidrante para contener posibles disturbios, personal de guardia urbana, de la Agencia Gubernamental de Control y habrá una fiscalía móvil para tomar denuncias o intervención directa en el lugar de los hechos. Todo un despliegue especial para un partido que salga como salga el resultado ya quedará en la historia: marcará el regreso de los jefes de La Doce a la tribuna, en un proceso judicial con vericuetos difíciles de explicar para todas las partes.

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