El sector del libro argentino rechaza por “consenso unánime” la desregulación que busca el Gobierno

El sector del libro argentino se unió en una defensa cerrada de la Ley 25.542, que el Gobierno intenta derogar. La normativa conocida como la Ley de Defensa de la Actividad Librera, vigente desde 2001, establece que los editores o importadores de libros deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) que debe ser el mismo en todos los comercios de Argentina. Esto evita que las grandes cadenas de tiendas o plataformas digitales usen descuentos agresivos que perjudiquen a los negocios de barrio.

En estos días se reabrió el debate debido a un proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca que cada librería pueda fijar libremente el precio de los ejemplares y aplicar descuentos sin las restricciones que establece la ley actual. Desde el oficialismo sostienen que la desregulación permitirá una mayor competencia entre comercios, facilitará la liquidación de stock y, como consecuencia, habrá libros más baratos para los lectores.

Pero para la industria del libro, prácticamente en su totalidad, esto no es así. En una declaración conjunta firmada por las grandes instituciones del sector —la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, entre otras— el sector sostiene que el proyecto del oficialismo se presentó sin pedido de autores, editores, distribuidores ni libreros. y que el fin que busca no se va a producir, ya que va a terminar rompiendo el ecosistema.

La declaración subrayó que el Estado no determina el valor de los ejemplares: el precio lo fija el editor o el importador y la ley solo exige que se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. Las entidades remarcaron que la norma no establece un “precio administrado” ni una “planificación cultural”, sino una regla para impedir que el libro sea usado como “producto gancho” para capturar mercado. Ese sistema rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.

El documento presentó esa regulación como una herramienta para sostener una estructura comercial y cultural más amplia. Según el texto, la red de librerías hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y esas editoriales son las que publican a los nuevos autores. “La experiencia internacional desmiente la promesa oficial”, se lee junto al caso del Reino Unido donde, luego de la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación.

Australia, otro antecedente: el fin del acuerdo de precio en 1972 derivó en una caída de librerías de 2.879 a 1.457 en diez años. “Cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras -los consagrados de mañana- donde ver sus obras publicadas y valoradas”.

También firman la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Cámara de Librerías Independientes de Rosario (CALIR), la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata, la Cámara de Libreros y Editores Independientes (CALEDIN), el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (CADRA), la Unión Argentina de Escritoras y Escritores (UEE) y la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

Además el PEN de Argentina, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA), la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), el Colectivo LIJ, la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro (EIDAES-SCCyT, UNSAM) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

“Con el consenso unánime de la cadena del libro”, dice el texto, rechazamos la derogación de la Ley 25.542 y de la modificación de la Ley 25.446″. La segunda normativa que nombran es la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, sancionada también en 2001, cuyo objetivo principal es establecer una política integral para el libro y la lectura. Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, “puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”, concluye la declaración.