Derechos de autor, nuevo capítulo: el rol de CADRA y un debate que está lejos de cerrarse

Del otro lado del teléfono, Federico Polak, presidente del Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA), manifiesta una sorpresa triple. La primera es evidente: no se esperaba la derogación del decreto. “Acá, evidentemente, había un expediente que se estuvo trabajando, pero nosotros lo desconocíamos totalmente”, dice. Estamos hablando del decreto 1036/2024, publicado el viernes en el Boletín Oficial, que deja sin efecto la normativa anterior —el decreto 736/2023, firmado por Alberto Fernández en sus últimos días de gestión—, quitándole así la exclusividad a Cadra para regular los derechos de autor en el país.

La segunda sorpresa, menciona Polak, tiene que ver con que “hubo una acción judicial que se instauró en Mendoza por cuatro universidades privadas (Universidad del Aconcagua, Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza y Fundación Universidad del Congreso), que decían que era inconstitucional el decreto de Cadra, y este mismo Estado nacional que acaba de derogarlo hizo una defensa muy encendida, y con muy buenos argumentos”. Además, hace dos semanas, la Inspección General de Justicia aprobó su nuevo estatuto. ¿Y la tercera? Que el decreto lleva la firma de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, socio de Cadra.

Durante los días previos y posteriores a la firma del decreto de Fernández, el debate en torno a los derechos de autor se ha profundizado muchísimo, partiendo al medio al mundo de la literatura, donde la división de los “bandos” no contó con la simplicidad de conservadores-progresistas o derecha-izquierda, ni adquirió el tono de la grieta partidaria de moda. Ahora, con esta derogación todo se renueva y volvemos al punto de partida: ¿por qué Cadra sí, por qué Cadra no? Pese a la quita de exclusividad, todo parece indicar que es un debate que está lejos de cerrarse.

Una crítica recurrente al decreto firmado el año pasado era el cobro de un canon a universidades, lo que legalizaba la difusión de material de estudio a usuarios y alumnos, a partir del otorgamiento de licencias, tanto analógicas como digitales. En aquel entonces, se eximió a bibliotecas populares, archivos y museos (además, se incorporó a la fotografía). El nuevo decreto, que deroga el anterior, elimina el pago de ese canon, pero ahora hay un nuevo contexto: el desfinanciamiento a las universidades públicas. Sin embargo, Polak asegura que el tema central es este: “intentan abrir el juego a las grandes empresas globales que reproducen contenido”.

“No solo hablo de plagio —continúa—, hablo de reproducción no permitida. Entonces, cuando vos no tenés una regulación, cada uno hace lo que quiere. Hay autores que no les preocupa eso. Yo me acuerdo de una vez que estuve con Juan Forn, que me decía ‘a mí que me reproduzcan lo que quieran’, porque Juan Forn era un librepensador, pero en general el autor cobra de su editorial y de lo que le reproducen fuera de eso, por medios digitales o por fotocopias a nivel universitario, no ve un mango. En cambio Cadra le hace una gestión colectiva que a fin de año, todos los años, el autor recibe un cheque y la editorial también”.

“Nadie discutió a Sadaic, a Argentores, a Sagai: todas de gestión colectiva. Mi temor es que esto sea el primer peón, la primera movida de apertura que está haciendo el gobierno sobre las entidades de gestión. Por los fundamentos que tiene, el decreto no habla solo de Cabra, está hablando de monopolio de consorcio, cosa que es totalmente al revés, porque en el mundo las entidades de gestión son monopólicas. Y lo son porque no podés abrir al juego del mercado, que cada uno defienda lo que quiera defender. Así no defiende nada a nadie”, agrega Polak, que había sido presidente de Cadra y, tras concluirse la gestión de Luis Quevedo, retornó.

Martín Becerra, investigador, experto en medios de comunicación e industrias culturales, y autor de libros como De la concentración a la convergencia, fue uno de los que celebró esta derogación. “El sistema de exclusividad a Cadra está basado en supuestos inchequeables sobre uso y reproducción de textos, y en una distribución consecuentemente opaca y discrecional de lo recaudado. Sería muy bienvenido un sistema que informe qué textos se utilizan y que, cuando corresponde (cuando la obra no está en dominio público o no es creative commons), asigne la cuotaparte al autor en concepto de justa retribución”, le dice a Infobae Cultura.

No es posible que, al mantenerse la exclusividad, explica, se allane el camino hacia un sistema más transparente, “porque el propósito de Cadra en todos los años que funciona (incluso antes del decreto del año pasado) jamás aportó transparencia: al contrario, funcionó siempre de modo opaco e inauditable. Esa falta de transparencia, inherente a todo el sistema, se dio en dos niveles igualmente preocupantes: 1. en el cálculo del universo de textos sobre el que impusieron el cobro de una cuota a cambio de evitar la persecución judicial que sufrieron profesores universitarios; y 2. en la distribución de retribuciones a algunos autores y no a otros”.

“Cadra es una entidad nuestra, de los autores y los editores, y no el negocio de alguien”, dice Oche Califa, autor, ex director de la Feria del Libro de Buenos Aires, y miembro de la institución. También forma parte de la Unión de Escritoras y Escritores, que se pronunció en el día de ayer con un comunicado: “En una triste y violenta paráfrasis de la famosa frase de Juan Bautista Alberdi, el gobierno nacional ha decidido que gobernar es decretar. Y lo hace sin errores: nunca sus decretos redundan en beneficio de las mayorías (...) Estas políticas perjudican directamente nuestro trabajo y nuestra cultura”.

Sobre Cadra, continúa Califa, “lo que protege y obtiene no es otra cosa que lo que nos corresponde, a menos que se piense que nuestras creaciones y las herramientas que las contienen, como los libros, se pueden apropiar y multiplicar gratis. En segundo término y al contrario de lo que dice el decreto, resulta crucial que sea una única entidad, porque es la garantía de que protege a todos y distribuye con equidad. Además, es importante que sea sólida, ya que también persigue plagios y ediciones truchas. Y en el caso de los autores, los asesora ante contratos mal redactados o abusivos”.

Cuando Polak se asoció a Cadra, ese mismo año, al terminarse, recibió un cheque. Era autor, escribía sobre Derecho; luego su escritura derivó en la ficción. “Nunca una editorial me había pagado tanto como lo que me pagó Cadra, porque comprobó que la reproducción que hacían de un libro mío, de la Biblioteca de la Corte, era permanente y casi diaria. Eso solo lo puede hacer una entidad. No necesariamente Cadra, podría haber sido otra, pero la que se constituyó fue Cadra”. Algo similar ocurre con CEDRO en España, CCC en Estados Unidos, CEMPRO en México y CDR en Colombia.

“Acá tenés los actores de siempre, a favor y en contra, pero hay un actor más: el gobierno. Un gobierno nunca había actuado así. Esto es enorme. El gobierno podía no sacar un decreto que tutele una actividad, pero ninguno sacó un decreto para dejar de tutelar una actividad”, dice Polak y menciona lo que ocurre con Sadaic, que en agosto el gobierno eliminó el cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado (“¡Un curro menos!”, dijo Javier Milei). “Eso nunca sucedió. Ese actor nuevo que tenés en esta discusión es el gobierno”, dice el presidente de Cadra antes de despedirse y cortar la llamada.