El régimen de Díaz-Canel rechaza las nuevas sanciones de Estados Unidos a entidades cubanas

El dictador Miguel Díaz-Canel respondió el sábado a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra ocho entidades estatales cubanas y tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y aseguró que las restricciones no detendrán la gestión del Gobierno en la isla. Las medidas apuntan a compañías vinculadas con la explotación de níquel, la investigación militar y el desarrollo de sistemas de armas.

“La semana termina con nuevos dictados imperiales contra quienes trabajan para que Cuba viva”, escribió Díaz-Canel en la red social X. El presidente cubano sostuvo que “será interminable la lista de ‘sancionados’” y afirmó que millones de personas en Cuba y en otros países participan de “la gran odisea de la resistencia cubana con talento, patriotismo y solidaridad”.

Las designaciones alcanzaron a 11 personas jurídicas y naturales, incorporadas el 17 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Cuatro empresas fueron señaladas por operar en el sector de defensa y material relacionado, mientras que otras cuatro quedaron bajo sanción por sus actividades en los sectores de metales y minería.

Los tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron incluidos por ocupar cargos directivos en organizaciones ya bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva 14404. La respuesta del dictador Díaz-Canel llegó dos días después de que Washington anunciara el nuevo paquete, según EFE.

Empresas militares y reservas de níquel bajo sanción

El Departamento de Estado presentó las medidas como parte de la presión de la administración de Donald Trump sobre lo que definió como el “aparato de explotación del níquel” y el “complejo militar-industrial” cubanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que los sancionados incluyen “cuatro empresas estatales que saquean las reservas de níquel de Cuba para beneficio del régimen, cuatro empresas militares dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla, y tres oficiales militares que las dirigen”.

Rubio sostuvo que la Casa Blanca no permanecerá “impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias”.

La Administración estadounidense ya había utilizado la Orden Ejecutiva 14404 contra otros componentes del poder cubano. El 4 de junio incluyó en la lista de sancionados a Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, el general Alejandro Castro Espín, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, Minera La Victoria, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Amistur Cuba.

El 23 de junio, el Departamento de Estado agregó a Almacenes Universales, Rafin, el Banco Financiero Internacional, la Empresa Siderúrgica José Martí —Antillana de Acero— y Geominera.

La política de máxima presión desde 2026

Estados Unidos aplica desde comienzos de 2026 una política de “máxima presión” para impulsar cambios políticos y económicos en Cuba. La estrategia incluyó un bloqueo petrolero desde enero y sanciones secundarias desde mayo, destinadas a disuadir a las empresas extranjeras de mantener vínculos comerciales con La Habana.