Segunda reunión definirá el futuro de los nuevos beneficios para jubilados en Panamá

El Gobierno convocó a una segunda reunión para analizar alternativas al proyecto de ley 226, aprobado por la Asamblea Nacional para ampliar los descuentos de jubilados, pensionados y adultos mayores. El encuentro fue programado tentativamente para el 15 de septiembre en el Palacio de las Garzas, con participación de los sectores enfrentados por la propuesta.

La convocatoria surgió después de que el presidente José Raúl Mulino recibiera a representantes de los jubilados, gremios empresariales y propietarios de farmacias.

Las partes acordaron establecer un mecanismo formal de diálogo antes de la decisión presidencial, debido a que la iniciativa todavía puede ser sancionada o vetada total o parcialmente por el Ejecutivo.

El análisis será realizado por delegados de los jubilados y del sector privado, junto con el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. El ministro Juan Carlos Orillac aseguró que existen coincidencias en algunos artículos, aunque no detalló cuáles disposiciones alcanzaron consenso ni qué modificaciones podrían incorporarse al texto aprobado.

El proyecto recibió 47 votos favorables y uno en contra durante el tercer debate legislativo. La propuesta modifica la Ley 6 de 1987 y mantiene como beneficiarias a las mujeres desde los 55 años y los hombres desde los 60, además de los jubilados y pensionados, independientemente de la edad que tengan al solicitar los descuentos.

Uno de los cambios más discutidos eleva del 20% al 30% la rebaja obligatoria en medicamentos. También incorpora un 15% para insumos de salud e higiene, 20% en pañales desechables para adultos y 25% en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y otros equipos destinados a personas con movilidad reducida.

La iniciativa añade una reducción del 30% en internet y televisión por cable para contratos residenciales de hasta $50 mensuales. En el servicio de agua, el beneficio aumentaría del 25% al 30%, siempre que el consumo no supere $30 y la cuenta corresponda a la vivienda principal del beneficiario.

En el sector financiero, la reducción sobre la tasa de los préstamos hipotecarios para vivienda propia pasaría del 1% al 2%. Además, se aplicaría un descuento del 15% en anualidades de tarjetas de crédito y débito, así como en pólizas contratadas para asegurar determinados productos bancarios o financieros.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá había solicitado al presidente vetar completamente el proyecto de ley 226. El gremio advirtió que ampliar los beneficios sin evaluar su impacto podría elevar los costos operativos, distorsionar los precios y trasladar a las empresas obligaciones correspondientes a una política social del Estado.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también expresó su rechazo y alertó que los descuentos obligatorios podrían generar mayores costos para los negocios, especialmente para pequeñas y medianas empresas con márgenes limitados. APEDE cuestionó que la ampliación fuera aprobada sin suficientes estudios técnicos sobre sus consecuencias económicas, tributarias y fiscales.

Una de las disposiciones más sensibles permite que todos los beneficios concedidos sean reconocidos como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. Actualmente, ese tratamiento está limitado principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida. El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que extenderlo podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal.

El sector empresarial también ha señalado que la propuesta podría generar aumentos en los precios regulares para compensar los descuentos. Los efectos serían especialmente relevantes en farmacias, hoteles, restaurantes, bancos, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones, cuyos servicios quedarían sometidos a beneficios ampliados o incorporados por primera vez dentro de la legislación panameña.

Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, moderó su posición después del encuentro con Mulino y consideró positiva la apertura del diálogo. Explicó que los consensos alcanzados servirán de orientación para la decisión presidencial, pero insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los jubilados y la realidad financiera de los establecimientos obligados.

Los gremios de jubilados defienden la reforma como una actualización necesaria de una ley aprobada hace casi cuatro décadas. Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, había solicitado la sanción presidencial del proyecto, argumentando que los beneficios aliviarían el costo de medicamentos, servicios básicos y productos indispensables para personas con pensiones reducidas.

Tras la primera reunión, Cortés afirmó que el diálogo fue fructífero y que la propuesta continuaba bajo análisis. El dirigente manifestó que esperan obtener resultados favorables para jubilados y pensionados, con el objetivo de conseguir el mejor texto posible para los adultos mayores, en lugar de cerrar la discusión entre una aprobación sin cambios y un veto completo de la iniciativa.

Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras, sostuvo que los beneficios deben quedar correctamente calibrados con las condiciones de propietarios de negocios y farmacias. La discusión se concentra ahora en determinar quién asumirá realmente el costo de los nuevos descuentos y cómo evitar que las rebajas terminen reflejándose en mayores precios, menor oferta o presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

Mientras el Ejecutivo adopta una decisión, los porcentajes propuestos todavía no pueden ser exigidos. La Ley 6 de 1987 conserva plena vigencia y los comercios deben aplicar únicamente los beneficios actuales. La reunión del 15 de septiembre buscará acercar posiciones antes de que Mulino decida si sanciona, modifica mediante veto parcial o devuelve completamente el proyecto a la Asamblea.