
Más de 3.1 millones de personas en Cuba sufren interrupciones totales o parciales en el suministro y la cobertura efectiva de agua se reduciría a cerca del 61%, según un análisis difundido por el medio Diario de Cuba. Para la periodista Annarella Grimal y la abogada Maylin Fernández Suris, la situación configura un problema de derechos humanos que excede las averías puntuales, los apagones y la sequía.
En el programa Los puntos a las íes, de Diario de Cuba, Grimal sostuvo que las cifras oficiales sobre viviendas conectadas a acueductos no reflejan por sí solas el acceso real de la población. “Tener una vivienda conectada a un acueducto no significa tener agua”, planteó la periodista, autora de la investigación “El agua en Cuba no es un derecho humano”.
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La especialista indicó que existe una diferencia entre la infraestructura declarada y la prestación cotidiana del servicio. Según expuso, una conexión o una tubería no garantiza que el agua llegue de forma continua ni con las condiciones necesarias de seguridad para el consumo.
El dato de 3.1 millones de afectados equivale a aproximadamente el 30% de la población cubana. Grimal explicó que, si se contemplan factores como la disponibilidad y la seguridad del recurso, además de la existencia física de redes, la cobertura efectiva cae a alrededor del 61%.

La crisis se vincula con apagones, sequía y desperfectos técnicos, aunque las entrevistadas situaron el origen del problema en una red que acumuló años de mantenimiento insuficiente e inversión limitada. Las propias autoridades cubanas, de acuerdo con la información recogida por Diario de Cuba, admitieron que más del 40% del agua bombeada se pierde en conductoras y redes deterioradas.
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Fernández Suris recordó que el artículo 76 de la Constitución cubana reconoce el derecho al agua y establece la obligación estatal de crear condiciones que aseguren el acceso y el saneamiento. La abogada aclaró que una interrupción aislada no implica por sí misma una vulneración de derechos.
No obstante, afirmó que la evaluación cambia cuando los cortes afectan a millones de personas de manera reiterada y durante períodos prolongados, sin medidas que garanticen un mínimo indispensable. En esas condiciones, sostuvo, existen fundamentos para considerar comprometido el derecho humano al agua.
El acceso irregular tiene efectos que alcanzan la higiene, la alimentación y la salud, en especial entre niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad. La falta de agua también obliga a las familias a reorganizar sus rutinas para almacenar el recurso, trasladarlo o buscar fuentes alternativas.
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El turismo recibió más recursos que los servicios básicos
El análisis de Grimal incluyó la distribución de la inversión estatal durante la última década. Entre 2014 y 2024, las actividades asociadas al turismo recibieron anualmente entre dos y cinco veces más recursos que el suministro de electricidad, gas y agua, según los datos citados en el programa.

La diferencia se amplió entre 2020 y junio de 2024. En ese período, el sector turístico concentró el 38.9% de la inversión nacional, mientras que electricidad, gas y agua reunieron el 9.4%. Para la periodista, la dificultad no se explica únicamente por la escasez de fondos, sino también por el destino que tuvieron los recursos disponibles.
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“La crisis del agua en Cuba ya no podemos seguir mirándola como un problema de tuberías, de averías, de infraestructura, de bombas o de falta de electricidad”, afirmó Fernández Suris, en declaraciones recogidas por Diario de Cuba. A su juicio, la persistencia de la carencia transforma una falla de servicios en una cuestión vinculada con las obligaciones del Estado.
La abogada también señaló una dimensión política del problema cuando los ciudadanos deben manifestarse para reclamar agua, electricidad o alimentos. “Cuando una población tiene que ocupar el espacio público para reivindicar derechos tan básicos”, sostuvo, el conflicto supera el plano de una avería o un trámite administrativo.
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La situación del agua se presenta así como parte de una crisis de servicios esenciales, atravesada por el deterioro de las redes, los cortes eléctricos y una asignación de recursos que, según el informe citado, relegó durante años las necesidades de abastecimiento de la población.
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