Un grupo de organizaciones de derechos humanos denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen acciones y discursos que afectan la independencia judicial en Costa Rica, mientras representantes del Gobierno rechazaron que haya una política destinada a debilitar al Poder Judicial.
La audiencia tuvo lugar en Panamá, durante el 197.° período de sesiones de la CIDH, a pedido de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay.
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Según informó EFE, las organizaciones plantearon que operadores de justicia han sido objeto de campañas de estigmatización y desprestigio. También cuestionaron el uso del presupuesto como herramienta de presión, la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y pronunciamientos públicos que, a su juicio, deterioran la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Acojud y el presupuesto del Poder Judicial como herramienta de presión
La presidenta de Acojud, Adriana Orocú, sostuvo que el Ejecutivo condiciona el giro de una parte de los recursos del Poder Judicial a decisiones políticas y a aprobaciones del Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
La magistrada indicó que esas exigencias se apoyan en “normas atípicas definidas arbitrariamente y sin sustento técnico”. El reclamo se concentra en la ejecución de partidas presupuestarias que, según las organizaciones, deberían resguardar la autonomía institucional de los tribunales.
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La discusión se desarrolla después de varios años de tensiones entre el Ejecutivo y la justicia costarricense. Los roces comenzaron durante la administración de Rodrigo Chaves —presidente entre 2022 y 2026— y continuaron con el Gobierno de Laura Fernández, quien asumió este año para el período 2026-2030. Fernández pertenece al mismo espacio político que Chaves, quien hoy ocupa los cargos de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
Las entidades peticionarias expusieron ante la CIDH episodios que consideran parte de una secuencia de cuestionamientos a la labor de jueces, fiscales y magistrados.
Marchas y críticas a magistrados de la Sala Constitucional
Entre los hechos expuestos figura una movilización encabezada por Chaves en 2025 para reclamar la salida del fiscal general. Las organizaciones también recordaron que Fernández calificó de “golpistas” a los magistrados de la Sala Constitucional que extendieron los nombramientos de suplentes.
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Esa medida fue adoptada ante la falta de una elección en el Congreso, luego de que el oficialismo se negara a designar a los candidatos incluidos en una nómina presentada por la Corte Suprema de Justicia.
Los denunciantes añadieron declaraciones de Chaves posteriores al triunfo electoral de Fernández. Según relataron en la audiencia, el entonces mandatario celebró que “el pueblo” hubiera “recuperado” los poderes Ejecutivo y Legislativo, y afirmó que solo faltaba el Judicial.
Para las organizaciones, esos mensajes contribuyen a instalar sospechas sobre jueces y magistrados, en un país donde la división de poderes constituye una garantía institucional.
La posición del Ejecutivo ante la CIDH
El representante de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arnoldo André, rechazó las acusaciones. El excanciller, que integró el Gobierno de Chaves entre 2022 y 2026, afirmó que el país “rechaza firmemente la existencia de una política estatal dirigida a menoscabar la independencia judicial”.
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André sostuvo que la autonomía judicial es un pilar de la democracia costarricense y una garantía para el Estado de derecho. Añadió que las críticas de autoridades políticas forman parte del debate democrático y aseguró que el Ejecutivo no ha incumplido órdenes judiciales ni tomó represalias contra funcionarios judiciales por sus decisiones.
Sobre el conflicto presupuestario, explicó que el Gobierno enfrenta una caída del 2.3% en los ingresos estatales. Afirmó que la Constitución asigna al Poder Judicial el 6% de los ingresos del Estado y que el proyecto para 2027 prevé destinarle el 6.87%.
El diplomático pidió a la CIDH que analice con rigor los planteamientos presentados durante la sesión.
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