El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó este jueves 27 de agosto de 2026 al extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Ricardo Olivas Valle, por su responsabilidad en la sustracción de aproximadamente ₡3,293 millones (unos USD 7.2 millones) de las bóvedas de la entidad financiera estatal, en el caso conocido como “Gallo Tapado”.
El tribunal encontró al exfuncionario responsable de 33 delitos de peculado y le impuso inicialmente una pena acumulada de 330 años de prisión. Sin embargo, debido a la aplicación de las reglas del concurso material, la condena fue readecuada a 30 años de cárcel, según informó el Poder Judicial.
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Además, los jueces ordenaron que Olivas permanezca bajo prisión preventiva durante ocho meses, mientras la sentencia adquiere firmeza.
La resolución llega semanas después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitara una condena todavía mayor: 396 años de prisión, al considerar acreditada la responsabilidad del extesorero en cada una de las extracciones de dinero que le fueron atribuidas.
33 extracciones entre 2021 y 2023
La acusación del Ministerio Público sostuvo que Olivas Valle realizó 33 extracciones de dinero entre 2021 y 2023, aprovechando su posición dentro del Banco Nacional y las condiciones de acceso que tenía a las bóvedas de la sede central de la institución, ubicada en San José.
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Según la tesis fiscal, los retiros de efectivo se producían principalmente durante los últimos minutos de la jornada laboral, en momentos en los que disminuía la cantidad de personas dentro de las instalaciones.
La investigación determinó que varias de las extracciones ocurrieron entre las 4:16 p. m. y las 5:29 p. m., una franja horaria en la que, de acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario podía aprovechar una menor vigilancia para sacar importantes cantidades de efectivo.
Durante el juicio fueron analizados numerosos videos de seguridad. La Fiscalía sostuvo que esas grabaciones mostraban al entonces funcionario colocando fajos de billetes en sobres de manila amarillos antes de abandonar las instalaciones bancarias y superar los controles de seguridad.
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La lotería y el origen del nombre “Gallo Tapado”
El expediente recibió el nombre de “Gallo Tapado” por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía debido al mecanismo que, según la acusación, habría utilizado Olivas para intentar dar apariencia legítima a parte del dinero sustraído.
La tesis del Ministerio Público señaló que el exfuncionario compraba grandes cantidades de fracciones y billetes de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Cuando alguno de esos números resultaba premiado, el dinero era posteriormente depositado en cuentas bancarias, lo que habría permitido presentar los recursos como ganancias provenientes de juegos de azar.
Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Olivas, las autoridades localizaron alrededor de 3,000 fracciones de lotería, evidencia que posteriormente fue incorporada al proceso judicial.
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El propio acusado reconoció durante el debate judicial que había tenido problemas relacionados con los juegos de azar.
“Tuve adicción a los juegos, en algún momento, a la lotería solamente”, declaró ante el tribunal, aunque sostuvo que ese comportamiento no estaba relacionado con la procedencia del dinero investigado.
Fallas en los controles internos
El proceso judicial también puso bajo la lupa los mecanismos de control existentes dentro del Banco Nacional durante los años en que se produjeron las sustracciones.
De acuerdo con la acusación, desde 2019 no se realizaban arqueos físicos exhaustivos en las bóvedas, circunstancia que habría facilitado que las extracciones continuaran durante un periodo prolongado sin ser advertidas.
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Además de Olivas, otras personas fueron incluidas en investigaciones separadas por eventuales responsabilidades relacionadas con omisiones, incumplimientos de deberes o encubrimiento. Entre ellas se mencionaron supervisores, contadores, personal de seguridad y exfuncionarios vinculados con áreas jurídicas de la institución.
El proceso contó también con la participación de la Procuraduría General de la República y el propio Banco Nacional como partes acusadoras. La entidad bancaria busca recuperar los recursos sustraídos.
La condena conocida este jueves representa uno de los capítulos más importantes del caso desde que la desaparición del dinero salió a la luz en 2023.
Aunque la sumatoria de las penas individuales alcanzó los 330 años, la legislación costarricense impide el cumplimiento efectivo de una sanción de esa magnitud. En consecuencia, el Tribunal Penal aplicó las reglas correspondientes y estableció que Olivas deberá descontar 30 años de prisión.
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Por ahora, el extesorero continuará privado de libertad durante ocho meses de prisión preventiva, mientras el fallo completa las etapas necesarias para adquirir firmeza.
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