El GRETEXPA exigió al Gobierno de Guatemala medidas urgentes de seguridad después de que el asesinato de un conductor en la Calzada San Juan elevara a 37 los pilotos de bus extraurbano asesinados en lo que va de 2026, una cifra que el gremio presentó como prueba de una violencia sostenida que golpea a un servicio que la Constitución protege como esencial.
El reclamo fue dirigido este viernes 28 de agosto al presidente Bernardo Arévalo de León y al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval. El pedido incluyó un plan permanente para las principales rutas extraurbanas, acciones contra las redes de extorsión y el despliegue del Ejército de Guatemala en terminales y puntos de transferencia.
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La organización vinculó su pronunciamiento con el ataque armado ocurrido el jueves 27 de agosto en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Allí murió un piloto de aproximadamente 30 años que conducía una unidad con destino al municipio de San Raymundo.
Los Bomberos Municipales atendieron a la víctima en el lugar, pero confirmaron que murió por la gravedad de las heridas. En el mismo ataque, dos pasajeras resultaron lesionadas: una sufrió un roce de bala y otra fue alcanzada por fragmentos de vidrio, y ambas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Accidentes.
Horas después, la Policía Nacional Civil capturó a dos personas señaladas como presuntos sicarios del Barrio 18. A los detenidos se les decomisó un revólver ilegal y el vehículo en el que intentaban huir.
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El gremio denunció falta de respuesta estatal ante una violencia sostenida
En el comunicado, la junta directiva de GRETEXPA describió el escenario como una “imparable ola de violencia” que “enluta familias y paraliza la movilidad del país”. También sostuvo que ningún funcionario ha mostrado “voluntad política ni efectividad necesaria” para proteger al sector.
El texto atribuyó esa falta de respuesta a una omisión del Estado frente a un servicio público esencial. El gremio afirmó que la inacción oficial contraviene el artículo 131 de la Constitución Política de Guatemala, que resguarda el transporte en esa condición.
La organización también planteó una advertencia directa sobre el costo humano de los ataques. “La vida de los trabajadores del transporte no debe ser un número más en las estadísticas de violencia”, señaló el documento.
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Ese mismo pronunciamiento responsabilizó a las autoridades por la falta de seguridad en carreteras, terminales y puntos de abordaje. Entre los lugares mencionados figuran Centra Sur y las zonas 3, 4 y 8 de la capital.
El sector pidió investigaciones contra extorsionistas y presencia militar en terminales
La lista de exigencias presentada por GRETEXPA quedó concentrada en cuatro medidas. La primera fue un plan de seguridad permanente para las principales rutas extraurbanas y para Centra Sur.
La segunda demanda apuntó al Ministerio de Gobernación, al que el gremio pidió resultados de investigación para desarticular las redes de extorsión que operan contra el transporte. La tercera reclamó mesas de trabajo con las máximas autoridades de seguridad para aplicar medidas inmediatas de protección a pilotos, ayudantes y unidades.
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La cuarta exigencia fue el despliegue del Ejército de Guatemala en las áreas de transferencia que el sector considera más expuestas. El planteo mostró que la organización ya no reclama solo presencia policial, sino una intervención de mayor escala en nodos críticos del sistema.
El ataque del jueves ocurrió en la Calzada San Juan, uno de los corredores viales con más antecedentes de incidentes armados en la capital. Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito, informó que el trabajo de fiscales y peritos del Ministerio Público obligó a cerrar el sector.
Ese cierre agravó la congestión hacia el occidente de la ciudad y complicó la conexión con el municipio de Mixco. Analistas en seguridad ciudadana han señalado que la criminalidad en este tipo de corredores aprovecha la densidad vehicular para cometer ilícitos y facilitar la fuga entre el tráfico pesado.
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GRETEXPA cerró su comunicado con una frase que condensó el reclamo del sector frente a los 37 asesinatos registrados en 2026: “No más pilotos asesinados. Basta de extorsión e impunidad”.
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